Según publica la prensa, tres auditorías independientes analizaron una muestra de 300 informes encargados por la Generalitat de Catalunya en 2007. Curiosamente, los periódicos no coinciden con el total de informes, estudios y dictámenes encargados en 2007 por la Generalitat de Catalunya. El País o La Vanguardia dan cifras cercanas a los tres mil; Avui, El Periódico o El Mundo hablan de unos dos mil quinientos. En todo caso, hablamos de un gasto aproximado de treinta millones de euros, o más, o menos, pues la cantidad no se ha publicado y no se conoce exactamente. Empezamos bien.
Según publica la prensa, se contabilizaron tres tipos de incidencias: se había pagado un precio injustificadamente alto por el informe (i.e., era un corta-pega de internet), el informe no tenía ninguna utilidad práctica (i.e., no sirvió ni sirve para nada) y el informe podría haberlo hecho tranquilamente cualquiera de los trabajadores de la administración pública (i.e., fuera cual fuera la pregunta, ya conocían la respuesta). Uno de cada tres informes analizados, según los auditores, presentaba una o más incidencias. Todos los periódicos hablan de estas incidencias, cada uno según le parece.
Según publica la prensa, los interventores de la Generalitat de Catalunya revisaron los resultados de las tres empresas auditoras y redujeron el total de casos con alguna incidencia a 49 (16,3%). Ésa es la cifra de incidencias que reconoce el consejero de Economía y Finanzas, el señor Castells, que argumenta lo que sigue: En primer lugar, que uno de cada seis informes presente algún tipo de incidencia es correcto y entra dentro de lo normal (sic). En segundo lugar, la muestra no es significativa (sic). No es significativa porque sólo incluye informes adjudicados sin necesidad de concurso público (i.e., a dedo, precisamente los que analizaba el estudio) y porque la muestra recoge todos los posibles casos irregulares (sic). Manda güevos, que dijo uno. Si yo fuera el profesor de Estadística del señor Castells, me moriría de vergüenza.
Según publica la prensa, si aceptamos que uno de cada seis informes presenta incidencias, y no más, hablamos de cuatrocientos a quinientos informes con incidencias sólo en 2007. De éstos, dos de cada tres los podría haber redactado un funcionario, que para algo está, dos de cada tres no servían ni sirven para nada y uno de cada cinco ha costado un pastón que ni te cuento, y total, ¿para qué? El precio de estos informes con incidencias sumaría más de cinco millones de euros, es decir, 18.000 ordenadores para escuelas que, ay, los padres catalanes tienen que pagar a medias, porque a Educación no le da la real gana de pagarlos de su bolsillo.
Según publica la prensa, y no se escandaliza demasiado, se gastaron 27.000 euros en un estudio que analizaba los artículos de un número indeterminado de periodistas para ver cómo trataban, si bien o mal, al gobierno de la Generalitat de Catalunya. El estudio lo encargó el Departament de Presidència y se ha negado a entregarlo, tal como suena, y santas pascuas. Todos los periódicos mencionan el caso, pero ninguno se estira de los pelos. En qué país vivimos.
Pero, según publica la prensa, el mejor de todos, visto lo que está cayendo, es el informe Estudio de código de buenas prácticas en todos los sectores (sic), encargado por el Departament de Cultura al entonces secretario de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música, el señor y abogado Raimon Bergós, al que han echado a patadas de la fundación por sus prácticas fraudulentas, ilegales e inmorales en el caso Millet. El señor Bergós cobró 11.600 euros por el estudio, que encargó la directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Cullell. Que el señor Bergós fuera el jefe de los servicios jurídicos de la dicha fundación parecía justificar el estudio. En honor a la verdad, a la vista de lo que sabemos ahora, es posible que el señor Bergós sepa muchísimo, efectivamente, de esas buenas prácticas, aunque quizá no coincidamos a la hora de separar las buenas de las malas prácticas. Reconozco (mea culpa) que me ha dado un ataque de risa saber del encargo, por no llorar.
Finalmente, según publica la prensa y es público y notorio, este comportamiento es tan propio de este gobierno como lo fue de los anteriores, donde se daba muchísimo este tipo de incidencias, lo que nos consuela hasta el infinito, ya ven.
Ahora bien, según la RAE, una incidencia es un Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él alguna conexión. He aquí la cuestión, pues esos malditos informes no contenían incidendias, sino, coloquialmente, irregularidades, pues, según la RAE, una irregularidad es una Malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración pública, o en la privada. Y de eso estamos hablando, idiotas.
Según publica la prensa, se contabilizaron tres tipos de incidencias: se había pagado un precio injustificadamente alto por el informe (i.e., era un corta-pega de internet), el informe no tenía ninguna utilidad práctica (i.e., no sirvió ni sirve para nada) y el informe podría haberlo hecho tranquilamente cualquiera de los trabajadores de la administración pública (i.e., fuera cual fuera la pregunta, ya conocían la respuesta). Uno de cada tres informes analizados, según los auditores, presentaba una o más incidencias. Todos los periódicos hablan de estas incidencias, cada uno según le parece.
Según publica la prensa, los interventores de la Generalitat de Catalunya revisaron los resultados de las tres empresas auditoras y redujeron el total de casos con alguna incidencia a 49 (16,3%). Ésa es la cifra de incidencias que reconoce el consejero de Economía y Finanzas, el señor Castells, que argumenta lo que sigue: En primer lugar, que uno de cada seis informes presente algún tipo de incidencia es correcto y entra dentro de lo normal (sic). En segundo lugar, la muestra no es significativa (sic). No es significativa porque sólo incluye informes adjudicados sin necesidad de concurso público (i.e., a dedo, precisamente los que analizaba el estudio) y porque la muestra recoge todos los posibles casos irregulares (sic). Manda güevos, que dijo uno. Si yo fuera el profesor de Estadística del señor Castells, me moriría de vergüenza.
Según publica la prensa, si aceptamos que uno de cada seis informes presenta incidencias, y no más, hablamos de cuatrocientos a quinientos informes con incidencias sólo en 2007. De éstos, dos de cada tres los podría haber redactado un funcionario, que para algo está, dos de cada tres no servían ni sirven para nada y uno de cada cinco ha costado un pastón que ni te cuento, y total, ¿para qué? El precio de estos informes con incidencias sumaría más de cinco millones de euros, es decir, 18.000 ordenadores para escuelas que, ay, los padres catalanes tienen que pagar a medias, porque a Educación no le da la real gana de pagarlos de su bolsillo.
Según publica la prensa, y no se escandaliza demasiado, se gastaron 27.000 euros en un estudio que analizaba los artículos de un número indeterminado de periodistas para ver cómo trataban, si bien o mal, al gobierno de la Generalitat de Catalunya. El estudio lo encargó el Departament de Presidència y se ha negado a entregarlo, tal como suena, y santas pascuas. Todos los periódicos mencionan el caso, pero ninguno se estira de los pelos. En qué país vivimos.
Pero, según publica la prensa, el mejor de todos, visto lo que está cayendo, es el informe Estudio de código de buenas prácticas en todos los sectores (sic), encargado por el Departament de Cultura al entonces secretario de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música, el señor y abogado Raimon Bergós, al que han echado a patadas de la fundación por sus prácticas fraudulentas, ilegales e inmorales en el caso Millet. El señor Bergós cobró 11.600 euros por el estudio, que encargó la directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Cullell. Que el señor Bergós fuera el jefe de los servicios jurídicos de la dicha fundación parecía justificar el estudio. En honor a la verdad, a la vista de lo que sabemos ahora, es posible que el señor Bergós sepa muchísimo, efectivamente, de esas buenas prácticas, aunque quizá no coincidamos a la hora de separar las buenas de las malas prácticas. Reconozco (mea culpa) que me ha dado un ataque de risa saber del encargo, por no llorar.
Finalmente, según publica la prensa y es público y notorio, este comportamiento es tan propio de este gobierno como lo fue de los anteriores, donde se daba muchísimo este tipo de incidencias, lo que nos consuela hasta el infinito, ya ven.
Ahora bien, según la RAE, una incidencia es un Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él alguna conexión. He aquí la cuestión, pues esos malditos informes no contenían incidendias, sino, coloquialmente, irregularidades, pues, según la RAE, una irregularidad es una Malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración pública, o en la privada. Y de eso estamos hablando, idiotas.
Querido Luis,
ResponderEliminarTratan al pueblo catalán de imbécil pero, ¿acaso no lo es? El oasis es un puro espejismo de calma que tiene hipnotizado a un todo pueblo encantado de conocerse y demasiado preocupado por mirarse el ombligo. Lo merecen, lo merecemos mil veces. Esta burguesía, esta clase política, estos medios de comunicación… Merecemos esto y mucho más.
Asqueados saludos,
Carlos