Desde que se inició el caso Palau, el solaz del juez Solaz ha sido muy oportuno para los intereses de la Casa Nostra. En efecto, las familias se solazan en la extraordinaria lentitud con que se ejecuta la investigación y en las reiteradas negativas del juez en admitir a trámite tal o cual acusación o simplemente indagar en tal o cual suceso, porque no viene al caso. Las familias saben que cuanto menos se remueva el cieno de la corrupción, mejor, y el juez parece persona reposada, poco dada a la agitación de las aguas mayores. Quizá me equivoque y el juez sea el terror de la burguesía y el stablishment catalán, pero el solaz que se respira en estos ambientes me hace suponer lo contrario.
En éstas, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) está con la mosca tras la oreja. El juez no ha querido interrumpir el solaz del juicio y no permite que la FAVB se presente como acusación popular. Si acaso, dice, la FAVB puede ponerse de acuerdo con la Diputación de Barcelona para presentar esa acusación popular entre los dos, ahí queda eso. La FAVB está que trina, naturalmente, porque da la casualidad de que sus intereses y los de la Diputación de Barcelona no coinciden. Sin ir más lejos, a la FAVB le encantaría denunciar el poco cuidado que gastaba la Diputación de Barcelona en la administración del dinero público; imagínense ustedes cómo van a ponerse de acuerdo. La cosa está tan mal que la FAVB quiere que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su derecho a ejercer la acusación popular en el caso. El espectáculo causa el solaz de las familias, porque el asunto se alarga, se alarga... y no llega a ninguna parte. Se saldará con un borrón y cuenta nueva, ya verán.
En un país normal, los vecinos tendrían que contar con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, pero éste no es un país normal y el ayuntamiento no está por la labor. ¿Por qué? Porque la FAVB acaba de solicitar la dimisión del concejal de Comercio, Roger Pallarols, el gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, Joan Albert Dalmau, y el antiguo consejero de CiU en el distrito, Víctor Badia, por chanchullería y corrupción en el caso de la trama urbanística de Ciutat Vella. Es tanta la mierda que salpica a los munícipes que ya no valen detergentes.
Recordemos que este caso trae cola, y que ya han sido formalmente acusados Joaquín Quílez, ingeniero municipal (también relacionado con la prostitución), Heliodoro Lozano, director de Licencias y Espacio Público, y Elena Ariza, que fue secretaria jurídica de éste. La trama concedía licencias de obras a cambio de comisiones y alumbró amenazas de muerte y coacciones contra una regidora (Itziar González) y varias funcionarias que intentaron poner orden en el asunto. La reacción de los munícipes fue ejemplar. Es decir, fue un ejemplo de cómo funcionan las cosas: amonestaron a las mujeres honestas que hacían su trabajo reclamando su silencio y algo más de tolerancia. La Sra. González acabó presentando su dimisión y se puso en su lugar a gente con menos escrúpulos.
A lo que íbamos: los semejantes se atraen y el asunto del hotel del Palau puso en contacto a unos y otros, pero el juez Solaz se hace el sueco y dice que esas diligencias se la soplan, pues no le atañen.
Estamos vendidos.
Más información en:
http://favb.cat/node/559
http://www.favb.cat/pdfs/carrer_116/carrer116.pdf
http://favb.cat/pdfs/carrer_117/carrer117.pdf
En éstas, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) está con la mosca tras la oreja. El juez no ha querido interrumpir el solaz del juicio y no permite que la FAVB se presente como acusación popular. Si acaso, dice, la FAVB puede ponerse de acuerdo con la Diputación de Barcelona para presentar esa acusación popular entre los dos, ahí queda eso. La FAVB está que trina, naturalmente, porque da la casualidad de que sus intereses y los de la Diputación de Barcelona no coinciden. Sin ir más lejos, a la FAVB le encantaría denunciar el poco cuidado que gastaba la Diputación de Barcelona en la administración del dinero público; imagínense ustedes cómo van a ponerse de acuerdo. La cosa está tan mal que la FAVB quiere que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su derecho a ejercer la acusación popular en el caso. El espectáculo causa el solaz de las familias, porque el asunto se alarga, se alarga... y no llega a ninguna parte. Se saldará con un borrón y cuenta nueva, ya verán.
En un país normal, los vecinos tendrían que contar con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, pero éste no es un país normal y el ayuntamiento no está por la labor. ¿Por qué? Porque la FAVB acaba de solicitar la dimisión del concejal de Comercio, Roger Pallarols, el gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, Joan Albert Dalmau, y el antiguo consejero de CiU en el distrito, Víctor Badia, por chanchullería y corrupción en el caso de la trama urbanística de Ciutat Vella. Es tanta la mierda que salpica a los munícipes que ya no valen detergentes.
Recordemos que este caso trae cola, y que ya han sido formalmente acusados Joaquín Quílez, ingeniero municipal (también relacionado con la prostitución), Heliodoro Lozano, director de Licencias y Espacio Público, y Elena Ariza, que fue secretaria jurídica de éste. La trama concedía licencias de obras a cambio de comisiones y alumbró amenazas de muerte y coacciones contra una regidora (Itziar González) y varias funcionarias que intentaron poner orden en el asunto. La reacción de los munícipes fue ejemplar. Es decir, fue un ejemplo de cómo funcionan las cosas: amonestaron a las mujeres honestas que hacían su trabajo reclamando su silencio y algo más de tolerancia. La Sra. González acabó presentando su dimisión y se puso en su lugar a gente con menos escrúpulos.
A lo que íbamos: los semejantes se atraen y el asunto del hotel del Palau puso en contacto a unos y otros, pero el juez Solaz se hace el sueco y dice que esas diligencias se la soplan, pues no le atañen.
Estamos vendidos.
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