¡Cuánta gente!

Me cuentan que la Presidencia del Gobierno ha encargado un estudio sobre el número y función de los cargos políticos en España, con la intención de (intentar) racionalizar la Administración Pública.

El estudio cuenta los cargos electos, los cargos de designación directa (por el método digital, que es a dedo), etc. Es decir, por ejemplo, secretarios generales, directores generales, jefes de gabinete y muchos más. También se incluyen los asesores y cargos de confianza, y los cargos directivos en empresas públicas, fundaciones, entes, observatorios, consejos, defensores de tal o cual cosa, agencias de todo tipo... estatales, autonómicas o municipales.

Es una novedad que cuente también el total de los llamados liberados sindicales y patronales, porque realizan funciones de organización política del Estado y subsisten a base de fondos que provienen del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, básicamente.

En resumen, el estudio analiza los llamados cargos políticos, cuyo coste, en su mayor parte, corre a cargo del erario público.

La primera conclusión del estudio sorprenderá a más de uno: España tiene menos funcionarios y empleados públicos que el resto de Europa, peor tratados y peor pagados. Hablamos, claro está, de los que no han entrado a dedo. Hablamos de médicos, maestros, oficinistas, inspectores, etc. Hablamos de la gente que hace cosas, para entendernos. Si existe un problema en la Administración Pública, éste no está abajo, aunque los de abajo se lleven todos los palos y la mala fama. El problema está arriba. Arriba, repito.

Quien ha leído el estudio se lleva las manos a la cabeza. Se cuentan, en España, 445.568 (aproximadamente) cargos políticos, digitales o de libre designación relacionados con la gestión de la res publica. Alemania, que tiene dos veces más habitantes que España, tiene unos 300.000 cargos políticos menos (¡!). En Francia y el Italia, sin embargo, el número de cargos políticos es semejante al español, pero los dos países están otra vez bastante más poblados que España. Además, Italia (se dice) es un paraíso de la corrupción política y Francia es... En fin, Francia es donde se inventó el Estado y les encanta el poder, la grandeur y la patrie.

El estudio es contundente: el tamaño y coste desmesurados de nuestra Administración Pública están causados por la inflación de cargos políticos, no por la escasez de empleados públicos o funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano. El estudio habla de una distorsión, la que causa muchos males. ¡Distorsionados estamos! Se podan las raices y la tijera apenas toca las ramas del árbol. Así no vamos bien, y nos vamos a pegar una leche que verán ustedes lo que es una distorsión.

El estudio menciona 650 diputados y senadores, 1.206 parlamentarios autonómicos, 8.112 alcaldes... Esto es lo de menos. Yo no me preocuparía por eso. Quizá sería bueno reducir el número de ayuntamientos, repensar el Senado o, en resumen, reflexionar acerca de la estructura del poder político en España. Malo no será, pero el problema no es ése.

El cáncer está en otra parte. En España, hay poco más de 131.000 cargos de libre designación (políticos) en las empresas que cuentan con capital público. En la Administración Pública (en general) se cuentan más de 40.000 cargos de confianza (aunque no me fiaría ni así de alguno de éstos), que son de libre designación, a los que sumar más de 9.000 en el sistema sanitario público y más de 8.000 en el sistema educativo... Los gabinetes de prensa suman más de 7.000 personas. Los asesores, consejos asesores, entes asesores, observatorios, etcétera, suman decenas de miles de personas, y se han registrado una docena de casos de (espero no equivocarme) asesores que contratan asesores que contratan asesores que contratan asesores para poder asesorar mejor. Necesitaría un asesor para que me explicará el porqué.

La cultura también se lleva un buen pellizco de miles de personajes que viven del cuento, y lo mismo puede decirse de muchos órganos de control de los gastos o funciones de la Administración Pública. En este último caso, la situación es surrealista: mientras los empleados públicos se dejan el pellejo auditando el despilfarro, sus jefes (los cargos políticos) intentan que su trabajo no llegue a buen puerto, no sea que el Partido (¡presente!) resulte perjudicado por el trabajo de los funcionarios inspectores, auditores y contables.

Es curioso el caso de los liberados, de los que se ha hablado mucho (y muy mal) últimamente. La Constitución Española describe el papel y la función de los sindicatos y las patronales en la política, y la figura del liberado es, pues, obligada. Podríamos discutir el número y las formas, pero es así.

Los liberados sindicales son algo más de 60.000, y ejercen una función política (por eso se incluyen en este estudio). Pero los liberados de las patronales suman más de 30.000, a los que sumar los empresarios con cargos remunerados en las cámaras de comercio (6.000). Si uno cuenta cuántos trabajadores y cuántos empresarios hay, es más que evidente que el número de liberados per cápita en el ámbito empresarial supera muchísimo el número de liberados per cápita en el ámbito sindical. Los mismos medios que se quejan del abuso de las organizaciones sindicales (no les falta algo de razón) mantienen un silencio tremebundo sobre el abuso de las organizaciones patronales, igualmente subvencionadas e igualmente (si no más) corruptas.

No diré más, pero si algún amable lector sabe dónde encontrar el texto original de este estudio, le agradecería mucho que me dijera dónde poder leerlo todo, porque no he tenido acceso al texto completo y hay cosas de lo que me cuentan que prefiero mantener en cuarentena.