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Trato discriminatorio de la Ley del Cine



La Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, DOGC 5672, el 16 de julio de 2010, provocó una sonada polémica. Hasta el momento de su publicación, esta actividad económica venía regulada por el Decreto 267/1999, de 28 de septiembre, sobre el régimen administrativo de la cinematografía y el audiovisual. Este decreto sigue vigente porque el reglamento que tenía que explicar cómo aplicar la ley todavía no ha sido redactado, discutido y aprobado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ni ha pasado por el Parlamento. En otras palabras, hace más de un año que tenemos una ley vigente, pero como si no la tuviéramos, porque no se sabe cómo tiene que aplicarse. Lo de siempre: primero hacen la foto y luego ponen el carrete.

Todo parece indicar que el Decreto 267/1999, de 28 de septiembre, todavía seguirá vigente una buena temporada. Es más, la Ley del Cine, tal como está, tendrá que modificarse y si no la modifica el Parlamento de Cataluña en un plazo inferior a dos meses (con el verano en medio, lo veo difícil), la modificará el Gobierno de España. Uno se pregunta por qué.

He aquí el porqué. A juicio de la Comisión Europea, la Ley del Cine incumple el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la Libre Circulación de Servicios. Dígase en cristiano: la Ley del Cine es discriminatoria e ilegal. ¡Caramba!

La Comisión Europea la considera proteccionista y da un plazo de dos meses al Gobierno de España para que ponga fin a esas normas discriminatorias. Según la Comisión Europea, la Ley del Cine obstaculiza la distribución de películas no españolas en Cataluña, y eso es muy grave para los intereses del cine europeo.

Ha sido el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea el que ha dado el aviso. Según ese comisariado, es lícito promover el catalán, pero no a costa de perjudicar a otras lenguas europeas. Se basa en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideran legítimas las política de promoción lingüística en un territorio siempre que no perjudique al resto de los socios de la Unión Europea. En palabras del comisario, queremos que las películas europeas sean distribuidas como las españolas en el mercado catalán.

La Comisión recuerda que el artículo 18 de la Ley del Cine (Garantía de acceso lingüístico) obliga a que la mitad de las copias de una película que se exhiban en una sala de cine catalana tendrán que ser dobladas al catalán, si la película está doblada; o subtituladas en catalán, si se exhibe en versión original subtitulada. Lo mismo se aplicará a la publicidad de las películas, mitad y mitad. Si se trata de un producto digital (un DVD, por ejemplo), todas las copias tendrán la opción de escoger el catalán para los subtítulos o el doblaje. Etcétera.

El artículo 18 añade que se librarán del doblaje o subtitulado obligatorio en catalán en las salas de cine (cito) las obras cinematográficas europeas dobladas de las cuáles se distribuyan en Cataluña menos de dieciséis copias. Las películas españolas en español, a decir de los legisladores, podrán exhibirse tal cual.

¡Eh! ¡De eso nada! Los comisarios europeos se exaltan e indignan. ¡Eso es incompatible con el derecho comunitario! Según los tratados europeos, todas las películas europeas tienen que ser tratadas por igual. Si los distribuidores catalanes doblan o subtitulan al catalán una película francesa, inglesa o alemana, forzados por la Ley del Cine, tendrán que hacer lo mismo con una película española en español: doblarla o subtitularla al catalán. Se supone igualmente que serán dobladas o subtituladas al catalán todas las películas no europeas, aunque sean argentinas, mexicanas o chilenas. Todas. ¿No quieres caldo? ¡Dos tazas!

Aunque nuestros líderes patrios se llenan la boca delante de los micrófonos con un discurso que asegura que la Unión Europea apoya el cine [doblado] en catalán, lo cierto es que se han dado con un canto en los dientes. A don Ferran Mascarell, chaquetero notable y hoy conseller de Cultura, se le ha escapado que sería ridículo tener que doblar al catalán una película española. No se ha hecho demasiada publicidad del lapsus linguae del conseller, porque casi todo el mundo coincide con él. Además, el conseller sabe que los intereses de la industria audiovisual catalana (que produce y vende en español) se verían muy dañados, justo ahora que parecía haber enfilado el norte y comenzaba a recuperarse. Los partidos políticos involucrados en este asunto no saben muy bien qué hacer con esta patata caliente.

Todo es, en fin, un despropósito. Las cosas se hacen mal y luego resultan peor.

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