Aguas turbias

El suministro de agua potable era un servicio público. Ahora es un negocio.

Por la puerta de atrás, a la chita callando, oculto bajo el ruido de banderas, justo antes de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, la Empresa Concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL), una empresa pública de la Generalidad de Cataluña que garantizaba el suministro de agua potable a cinco millones y medio de catalanes, se vendió al mejor postor y se ha privatizado su gestión durante cincuenta años a cambio de mil millones de euros.

Según los expertos, precio de amigo, una ganga. Regalado.

Acciona ganó el concurso. Ha pagado casi trescientos millones de euros y seguirá pagando hasta cubrir esos mil millones prometidos. Es la principal accionista (39%) de un consorcio en el que participan un banco brasileño y otras empresas del ramo y que cuenta con el apoyo financiero del Banco de Santander.

El resultado inmediato será una subida de la factura del agua del 18%, más o menos. No está mal.

Acciona le ganó la partida al consorcio liderado por Agbar. Acciona es una multinacional española con sede en Madrid, que había sido Entrecanales por un lado y Cubiertas y MZOV por el otro. Agbar es otra multinacional, pero esta vez francesa, porque, en números redondos, es propiedad del grupo Suez (75% de las acciones) y de La Caixa (a través de Criteria). Pero pasa por catalana porque lo fue años ha.

Agbar se picó con el resultado del concurso y acudió al juez. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la autorizó a examinar la documentación que presentó Acciona al concurso y con esos datos en la mano, recurrió. Estaba en su derecho. Tuvo que intervenir el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalidad de Cataluña (que depende del Departamento de Presidencia, del inefable, simple y campechano honorable señor Homs). Los funcionarios de este organismo encontraron suficientes irregularidades en el concurso como para anularlo. Se anuló.

Ahora tenemos todos un problema encima de la mesa, y muchas preguntas. Véanse.

Uno. Acciona tiene derecho a ser indemnizada si se le rescinde el contrato, que ya está en marcha. La Generalidad de Cataluña tendría que pagarle más de trescientos millones de euros. No los tiene, simplemente.

Dos. ¿A quién echamos la culpa? La Generalidad de Cataluña ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para argumentar en contra del órgano administrativo de la Generalidad de Cataluña que vela para que los concursos de la Generalidad de Cataluña estén sujetos a derecho, asegurando que ese organismo ha anulado el concurso después de analizar el caso con falta de rigor (sic) y afirmando que ha cometido un error (sic, de nuevo).

Tres. ¿Nos saltamos la ley? Por si el argumento no fuera suficiente, los servicios jurídicos de la Generalidad de Cataluña han puesto cara de pena penita pena y han añadido que no podrán hacerse cargo de la indemnización, señor juez, si hay que rescindir el contrato. No nos llega. Tenga usted piedad, señor juez, no me sea malo, y si no he cumplido con la ley, mire para otro lado y nos ahorraremos todos un problema. Lo han dicho con otras palabras, naturalmente.

Cuatro. Si el concurso lo ganase finalmente Agbar, el precio del agua subiría no un 18%, sino un 36%. Ahí está el subidón, en los papeles.

Cinco. De nuevo ¿a quién le echamos la culpa?

En los mentideros próximos al poder crece una polémica. Unos dicen que el responsable de este entuerto es el señor Recoder, antiguo conseller del Gobierno de los Mejores, que regaló la concesión a una empresa de Madrid en vez de dársela a una empresa catalana (que es francesa, en verdad). Pero, claro, qué iba a hacer, si no, si era un convergente españolista, que se ha retirado de la política para no coincidir con la locura soberanista de Mas.

Hay quien dice que este sarao del recurso contra el concurso lo han organizado a cuatro manos los señores Homs y Puig, para sacárselo de encima en la carrera por la sucesión de Mas. Otros afirman que se ha retirado porque vio venir el follón y pensó que allá se las apañara el siguiente. Etc.

Se dicen muchas burradas. Lo más probable, sabiendo cómo funciona todo por dentro, es que el concurso se hiciera con prisas y urgencias (es decir, mal), para que el personal no tuviera tiempo de protestar contra la privatización y la subida del agua. Luego, visto el fiasco, se aprovecha para echarle las culpas al vecino y sacarse la responsabilidad de encima mentando a Madrid, que ya me dirán qué pinta en este entierro.

No tomo partido. Es posible que la oferta de Acciona sea la mejor, como es posible que no lo sea. En eso no me meto. Tampoco pongo en cuestión el trabajo de los funcionarios. En contra de lo que dice el gobierno, creo que éstos han obrado con rigor y profesionalidad, como siempre han hecho.

Pero sí diré una cosa: la responsabilidad del lío que se ha organizado la tiene el Gobierno de los Mejores en pleno. Afecta a varios departamentos, Economía y Conocimiento, Territorio y Sostenibilidad, Empresa y Ocupación y Presidencia. La han liado sus gestores y han sido ellos quienes la han cagado, perdonen ustedes. Su ineptitud es manifiesta y su incompetencia, indiscutible, y han dejado una plasta en el camino que echa para atrás.

Será el agua más cara de España y tendremos que recortar trescientos millones más del presupuesto de sanidad o educación porque tenemos un gobierno que sabrá de comisiones en Suiza, pero muy poco de concursos públicos. Nadie será cesado, nadie presentará la dimisión, pero todos preguntarán qué hay de lo mío.

Pero aquí no pasa nada. Nunca pasa nada. Nada.

El ciclo del agua, hoy parcialmente privatizado.