Va un periodista y señala que aprecia dos diferencias fundamentales en la privatización de la sanidad pública en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid.
En Madrid, la gente sale a la calle y protesta, con el ánimo encendido, y si bien no detienen el proceso, deja muy clarito que se hace en contra de su parecer; en Cataluña, la privatización de la sanidad pública se está llevando a cabo ante la indiferencia de la población y la angustia de los profesionales sanitarios, que se sienten solos delante del abuso.
Luego, mientras los hospitales de Madrid quieren repartírselos varias multinacionales (casi todas americanas), los de Cataluña se reparten entre grupos empresariales catalanes que tienen consejos de administración llenos de viejos conocidos.
Es una comparación simplista, porque existen algunas diferencias más, pero no por simple es menos cierta. Ahora bien, lo que tira para atrás son las similitudes entre unos y otros.
Tanto aquí como allá se aprovecha la crisis no para modernizar, racionalizar o mejorar la eficacia de un servicio público, sino para dejarlo en manos privadas. Pero ni aquí ni allá se ha demostrado que esa maniobra asegure un menor precio o una mejor calidad de los servicios públicos. Eso sí, el proceso es un caramelo para políticos corruptos y empresarios sinvergüenzas. También, para los banqueros suizos.
No se entiende el soberanismo catalán o la fiebre privatizadora madrileña sin prestar atención a la ideología económica que domina en ambas comunidades, que no quieren liberarse de la tutela del Estado, sino de la tutela de cualquier Estado.
En los tiempos que corren, el Estado es la única garantía de democracia y libertad que nos queda. Es el único instrumento capaz de promover la igualdad de oportunidades o proteger los derechos de los más débiles, por ejemplo. Si abandonamos la política, i.e., la gestión del Estado y la administración de la cosa pública, ¿qué nos queda?
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