La pobreza mata (y una mala política social, también)

Responsables de la política social del Gobierno de los Mejores. Sólo falta don Baudilio.

Se ha anunciado que Cataluña protagonizará parte de las investigaciones de un proyecto subvencionado por la Comisión Europea. Será el proyecto Sophie, que quiere analizar y evaluar el impacto de las decisiones políticas en la salud pública. Más concretamente, evaluar cómo una decisión política puede exagerar o disminuir las desigualdades en salud en una población.

Se trata de cuantificar en lo posible el impacto sobre la salud de la población de las políticas estructurales de un gobierno, su política sobre vivienda o trabajo, o incluso la planificación macroeconómica (si da preferencia a los gastos sociales o no, por decir algo). Querrán compararse los resultados de determinadas políticas de género (es decir, orientadas a una igualdad efectiva de derechos entre personas de diferente sexo), el trato que recibe el inmigrante, la fiscalidad, etc., de diferentes países y regiones. La investigación se cerrará en 2015.

Cataluña entra en el experimento por dos razones. Porque tenía un sistema de salud pública ejemplar y porque se lo están cargando. Así, puede evaluarse en directo el impacto de las políticas del Gobierno de los Mejores en general y de don Baudilio, a. Bío Ruiz, en particular, uno de los campeones del Rey Artur. Sospechamos que los resultados del estudio no se publicarán en los medios oficiales ni se hará mucha publicidad de ellos en la prensa afín, porque serán protagonistas la Ley de Dependencia, que no se aplica, la Renta Mínima de Inserción, que se suprime, las listas de espera, que crecen muchísimo, y las desigualdades sociales que promueven los recortes de Artur Mas-Nostijeras. Mal asunto.

Un dato de partida nos muestra que la salud pública exige un esfuerzo colectivo, no una privatización masiva. Un niño que nazca en Sant Gervasi, barrio pijo barcelonés, tiene una esperanza de vida de 81 años. Un niño que nazca en el Raval, un barrio pobre, vivirá, de media, ocho años menos. Si la salud dejara de ser gratuita y universal, la diferencia crecería (a favor del rico).

Otro ejemplo. En Cataluña, el riesgo de sufrir una crisis de ansiedad es cuatro veces más alto en una persona sin cualificación profesional que en una persona con un puesto ejecutivo. Si es mujer, ni les cuento. Más cobra uno, más alto está en el escalafón político o empresarial y menos sufre del corazón, de los nervios o del estómago. Curioso.

En pocas palabras, el 90% de los diputados del Parlamento de Cataluña viven en barrios con una esperanza de vida años superior a la esperanza de vida media en Cataluña (pues el 90% tiene residencia en los barrios de Sarrià, Sant Gervasi y Eixample) y tienen una pachorra tremenda, cuatro veces mayor que la del ciudadano medio. Quizá por eso descuiden un poco la importante tarea de preservar la salud pública y un sistema sanitario universal y prefieran jugar con banderas. Las banderas, por cierto ¿afectan a nuestra salud? Respondan ustedes mismos.

El proyecto Sophie está financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea. En Cataluña, lo coordina la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y cuenta con técnicos de la Universidad Pompeu Fabra y Cáritas Diocesana de Barcelona. En declaraciones a la prensa, los investigadores piensan analizar el impacto de la renovación urbana (Ley de Barrios de Cataluña, hoy aparcada por el Gobierno de los Mejores), el realojo de familias con problemas de vivienda por parte de Cáritas y la implantación de la Ley de la Dependencia (que en Cataluña está muy por detrás del resto de España). La coordinadora del proyecto afirma (cito) que las desigualdades en salud son diferencias evitables e injustas. Pero ¿creen que van a hacerle caso?