Como en tantos hospitales públicos de Cataluña, los pacientes del Hospital de Sant Pau tienen que comprar el agua de beber. Antes recibían un botellín de 200 ml en las comidas, pero se ha suprimido este gasto innecesario. Pero los médicos recomiendan beber al menos una botella de litro y medio al día. Como no hay fuentes, los pacientes tienen que acudir a las máquinas expendedoras para beber agua (¿a quién pertenecen?). A ojo, cada paciente tendría que pagar de su propio bolsillo de dos a tres euros de agua al día para seguir las recomendaciones médicas. Llevan así un par de años, como poco.
En la gerencia del Hospital de Sant Pau, en cambio, las cosas han sido muy diferentes. En las oficinas de gerencia trabajan unas diez personas que hasta ahora han vivido muy bien (especialmente, los que ostentaban cargos directivos). Varias veces al mes, la gerencia se gastaba entre 100 y 200 euros en vituallas, que proporcionaban las empresas Mercadona o Bonpreu.
También compraban el café de la marca Nespresso, ése que viene en cajitas de plástico, tan pijo, tan chachi, a 39 céntimos la dósis (precio que pagaba la gerencia). Sería bonísimo, porque, de media, cada una de las personas que trabajaba en gerencia, gerente incluido, bebía cinco cafés al día. Yo creo, más bien, que no los bebía, pero se llevaba las dósis a casa. Si no, no me lo explico, porque cinco cafés... En un día, el gerente gastaba tanto en café (grátis) como uno cualquiera de los pacientes se veía obligado a gastar en agua (pagando).
Me dirán que no hay para tanto, que esto es el chocolate del loro. A fin de cuentas, la Generalidad de Cataluña ha intervenido el hospital porque acumulaba pérdidas anuales de las que sólo se sabe que están entre los 18 y los 30 millones, y don Jordi Barela, el antiguo gerente, el bebedor de tanto café, no ha sido expulsado por su afición al Nespresso, sino por inepto. También, por chorizo.
En efecto, los 20.000 euros al año que se gastaba gerencia en galletitas y café para pijos no son nada en comparación con no sé cuántos millones, pero son un síntoma que conviene señalar. Porque quien roba aquí, roba allá. A él y a unos cuantos como él les quieren acusar de, agárrense, estafa, malversación de fondos públicos y delitos societarios, ahí es nada.
Una radióloga del hospital, doña Carme Pérez, se ha convertido en una de mis heroínas. La médico trabaja en el hospital desde 1979 y presentó una denuncia que se resume en un texto de treinta y ocho páginas y veintinueve documentos adjuntos, donde explicaba que la gerencia en particular y la cúpula directiva del hospital en general cometía día sí y día también irregularidades en los contratos públicos, pagaba sobresueldos e indemnizaciones injustificadas a los directivos (a ellos mismos), pagaba favores políticos y más cosas que han obligado a intervenir al Juzgado de Instrucción núm. 22 de Barcelona. A decir del juez, hay indicios más que suficientes para juzgar que se ha cometido no un delito, sino un montón de delitos durante años.
Alrededor del Hospital de Sant Pau existen tres fundaciones. Una es la que controla el hospital; otra, controla la investigación médica; la tercera, gestiona el patrimonio de la institución (más de 1.800 inmuebles) y actúa, en la práctica, como una promotora inmobiliaria. Al menos en teoría, son independientes entre sí.
Todo este artificio contable está bajo el control de la Muy Ilustre Administración, la MIA, formada por la Iglesia Católica (que fundó el hospital), el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña.
Es decir, que aquí no se salva nadie, ni el apuntador. Como la cosa viene de lejos, la podredumbre señala cargos socialistas, convergentes, republicanos o de cualquier otra condición de la MIA, y los señores obispos, arzobispos y demás no son ajenos al chanchullo, no, ni mucho menos. A Dios lo que es de Dios, y lo del César ya me lo quedo yo, no se preocupe usted.
Doña Carme Pérez presentó una denuncia contra el señor don Albert Folia, que preside uno de estos tres patronatos. Las asociaciones de médicos y enfermeras de Sant Pau se han sumado a la causa y se han personado como acusación. Es posible que se sume el sindicato de médicos catalanes (Metges de Catalunya) y Sant Pau Assistencial.
Se empieza por el café, pero luego se llega al caso de don Ricard Gutiérrez Martí, un caballero del PSC, un sinvergüenza, como sinvergüenzas fueron los que hicieron posible que cobrara, durante siete años seguidos, un sueldo anual entre los 80.000 y los 110.000 euros ¡por no ir a trabajar! Cuando la cosa fue demasiado evidente, lo despidieron, y el muy caradura recibió un finiquito de 158.000 euros. Pero ¡alguien se lo pagó!
Otro personaje sinvergüenza, don Joan Ros Petit, hacía de patrono en las fundaciones de Sant Pau y su despacho profesional ha facturado durante años del dinero que, hipotéticamente, tendría que dedicarse a los enfermitos. Todavía hoy sigue cobrando casi cinco mil euros cada trimestre a cargo de honorarios (sic), y no pega sello, el señor Ros, que se sepa. Pero vive la mar de bien.
El delegado del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Madrid hasta enero de 2011 fue don José Ignacio Cuervo, también del PSC. En marzo del año pasado, lo contrataron a dedo para que llevara cosas de la investigación médica, porque él es médico. Se quejaron los sindicatos (y no les faltaba razón). Pues lo contrató como asesor (sic) la fundación que controla el patrimonio inmobiliario de Sant Pau, pero él, en la práctica, acabó haciendo no sé qué en investigación médica, cobrando 4.160 euros al mes por un trabajo de media jornada que podría haber hecho mejor el becario y que acabó el febrero pasado. El caballero se ha llevado a casa 50.000 euros por el morro y todavía se extraña de que le pregunten.
Este último caso es uno más de los que ponen en evidencia uno de los vicios del mecanismo de Sant Pau y de la MIA, un vicio con una larguísima tradición, que lleva años ahí. La MIA y las tres fundaciones de la entidad, la que gestiona la asistencia sanitaria, la que lleva el asunto de la investigación y la inmobiliaria, intercambian pagos, gastos y trabajadores cuando conviene. Como los patronos tienen prohibido cobrar dinero de las entidades que controlan (está penado por la ley), lo cobran de las entidades vecinas. Además, sólo pasan dinero de aquí para allá si les va bien.
La MIA controla 1.800 inmuebles y tiene unos beneficios de miedo, pero estos beneficios no van a tapar las pérdidas del hospital (si están enfermos, que se jodan). Pero sí que sirven para pagar indemnizaciones a los directivos de los diferentes patronatos. Llegaron los recortes y hubo una ERE. Jordi Grau, Josep Tardà, Josep Lluís Soler y Rubén Moragas cobraron unos 440.000 euros en indemnizaciones, pues tenían cargos en la cúpula directiva del hospital, que se redujo a la mitad... pero ahora siguen a sueldo de la MIA, cobrando de la fundación que maneja el capital inmobiliario de Sant Pau. Los cientos de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etc., que se van a la calle, por la ERE, que se jodan, dijo la MIA. Que se sepa, el Arzobispado de Barcelona no bendijo la maniobra, pero se lavó las manos, porque más vale Pilatos que acabar en la cruz de quedarse sin dinero.
Si hacen memoria, este juego de las fundaciones es el que utilizó el señor Millet para pagar las comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya y robar treinta y cinco millones de euros a todos los catalanes, o las que empleó el señor Prat, actual presidente del Instituto Catalán de la Salud, para forrarse en Reus y dejar al ayuntamiento de la ciudad con una deuda por avales que supera los doscientos millones de euros, y los que vendrán.
El juez que ha encarado el caso, don Juan Emilio Vilá Mayo, tiene trabajo para rato.
Don Baudilio, a. Bío Ruiz, se ha negado a hacer declaraciones, por el momento. Pero los trabajadores de Sant Pau ya le han pedido que limpie la sanidad pública de los políticos y gestores incompetentes y corruptos.
Por pedir, que no quede, pero me parece que no es ésa la intención de don Baudilio, pues dime con quién te juntas y verás.
