Pongamos las cosas fáciles a la corrupción



El Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha presentado ante el Parlamento de Cataluña cambios en la regulación de las fundaciones, sobre la que tiene competencias según la Ley del Libro Tercero del Código Civil. Ha solicitado una tramitación urgente.

Convergència i Unió, el grupo parlamentario que apoya al gobierno, y el Partido Popular, el grupo que permite que gobierne el gobierno, han hecho posible que este trámite se haga deprisa y corriendo y a la chita callando. Ambos grupos parlamentarios a una han echado por tierra la regulación que hizo de las fundaciones el Trist-partit, digo, el Tripartit. En efecto: en 2008, PSC, ERC e IC-V impusieron mecanismos de control sobre las fundaciones, que se estaban yendo de madre.

Ahora, gracias al impulso de la derecha (PP) y la extrema derecha (CiU), es posible crear una fundación con un menor desembolso inicial. Además, uno podrá ser patrón de la fundación, tener una empresa y conseguir que la fundación contrate a esa empresa para lo que sea. Bastará con que el patrón diga que el contrato es necesario firmando una declaración responsable. El patrón también podrá cobrar dinero de la fundación, por su trabajo en ella. La figura de la declaración responsable aleja del control de la Generalidad de Cataluña el funcionamiento de las fundaciones.

En pocas palabras, cuando sale a la luz el nauseabundo mundo del cobro de comisiones a través de las fundaciones (Trias Fargas, CatDem, Carulla, Bagó, Palau de la Música, Hospital de Sant Pau...) y es evidente que existe la figura de la fundación con ánimo de lucro, sea éste lícito o ilícito, en vez de poner remedio a la gangrena, echan mierda en la herida.

Está claro que algunos no quieren morder la mano que les da de comer.

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