Otra vez, sin Ley Electoral

Una sesión plenaria del Parlamento de Cataluña.

Pese a ser plenaria, no se ve el pleno por ninguna parte. 

Ya van treinta y cinco años que Cataluña aguanta sin Ley Electoral propia. Treinta y cinco. Cataluña es la única (¡la única!) Comunidad Autónoma sin Ley Electoral, prevista no en uno, sino en dos Estatutos de Autonomía seguidos, el de 1979 y el del 3%. Tenemos una Ley Electoral de prestado, con orígenes franquistas, y a algunos eso les va muy bien. La Ley Electoral de Cataluña es, a todas luces y objetivamente, la gran vergüenza de la política catalana. 

Este mayo, después de inacabables negociaciones en las que nadie se prestó a escuchar al vecino, se aceptó a trámite... y estaba toda por discutir. Todavía no se había resuelto el reparto proporcional de votos y escaños (!?) y allá sigue, sin resolver, una legislatura más. 

Se necesitan dos tercios de la cámara para aprobar esta ley, pero cada partido iba con su propuesta bajo el brazo y no hubo acuerdo ninguno. CiU y ERC querían mantener el actual reparto de votos (porque les conviene) y los demás, no (porque no les conviene). CiU y ERC pretendían aprobar ahora detalles como quién formaría parte de la Junta Electoral y proponían dejar el reparto de votos y escaños (lo que de verdad importa) para otra ocasión. Para eso, que vote Rita, dijeron los demás. Qué vergüenza, todos juntos y cada uno por separado. Qué vergüenza.

Según la Ley Electoral de prestado, hoy vigente, existen cuatro circunscripciones electorales, una por provincia: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Entre todas sumarán 135 diputados al Parlamento de Cataluña. En todas ellas se aplica la ley d'Hondt para distribuir los escaños y para obtener representación parlamentaria se ha de obtener más de un 3% de los votos. Hasta aquí, va todo más o menos bien. No es gran cosa, pero es lo habitual en nuestro entorno. El problema es la representatividad de cada circunscripción, que no se corresponde con el número de habitantes. En la práctica, querrá decir que sacar un diputado en una será más difícil que sacar un diputado en otra. 

La circunscripción de Barcelona es la más perjudicada. Los barceloneses tendrían que estar representados por 102 diputados, pero sólo pueden elegir a 85. En cambio, los tarraconenses escogen a 18 diputados, cuando tendrían que ser 13; los gerundenses escogen a 17, cuando les corresponderían 12; el caso de los ilerdenses es el más llamativo, pues escogen 15 diputados cuando tendrían que escoger a 8, no más.

En la práctica, se traduce en los siguiente; Ha habido elecciones en las que un diputado de Barcelona ha tenido que obtener un 60% más de votos de un diputado de Gerona o Tarragona, y un 120% más que uno de Lérida. 

La primera vez que Maragall se presentó a las elecciones a presidente de la Generalidad de Cataluña, sacó siete mil votos más que Pujol, el de Banca Catalana. Pero Maragall ganó en Barcelona y Pujol, en provincias. Pujol, pues, sacó más diputados y gobernó cuatro años más, porque el socialismo (históricamente) tiene más peso en la ciudad (Barcelona) y la derechona nacionalista, en el campo, en las provincias, en eso que ahora llaman territorio. 

Esta situación (injusta a todas luces) podría repetirse en cualquier momento y con cualquier partido. De hecho, ha sido una constantes estos últimos treinta y cinco años y explica por qué la derechona nacionalista (CiU y ERC) ha estado sobrerrepresentada y la izquierda (o lo que pasa por serlo), infrarrepresentada, y porque no hay manera de que se pongan de acuerdo. Si el nacionalismo catalán reconoce un ciudadano, un voto, se queda sin mayoría (o con menos mayoría). Sin su concurso, no pueden sumarse dos tercios de los diputados y, en resumen, no hay Ley Electoral de Cataluña. 

Entramos en un debate muy viejo, que justifica la existencia del Congreso y el Senado, por ejemplo, y éste es el de la representatividad territorial. La democracia no se distingue por el gobierno de la mayoría, sino por el respeto y la protección de las minorías, y por eso existen mecanismos para que los habitantes de un territorio puedan tener voz ante la aplastante mayoría de otros territorios más poblados. Pero, por el otro lado, la máxima de un ciudadano, un voto, es sagrada. Existen propuestas sobre la mesa que respeten una proporcionalidad absoluta y otras que la combinen con una representatividad territorial. Personalmente, prefieron una circunscripción única y lo más proporcional posible, pero entiendo que pueda combinarse con una representatividad territorial. Pero qué importa lo que yo prefiera, cuando no hay acuerdo ninguno, ni lo ha habido en treinta y cinco años.

Sin una Ley Electoral propia, el debate sobre un supuesto derecho a decidir, por ejemplo, a decidir lo que sea cuando sea, o la extraña proclamación de unas elecciones plebiscitarias en democracia, incluso el asamblearismo y el consultismo que sirve tanto para un roto como para un descosido, carecen de base y hasta de sentido. El sistema parlamentario aguanta como hasta ahora porque sigue unas reglas del juego iguales para todos, pero chirría al mostrarnos la realidad de una clase política más interesada en apropiarse del poder que en gestionar la res publica. Que en treinta y cinco años haya sido imposible parir una Ley Electoral propia... En fin, no tiene nombre.