El Consejo General del Poder Judicial ha publicado una estadística sobre los casos de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y otras lindezas por el estilo que acaban todas en el mismo saco de la corrupción política en España. La estadística comprende todos los casos juzgados entre julio de 2015 y septiembre de 2016 y no tiene desperdicio.
Presuntos implicados.
La estadística incluye 155 casos en fase procesal entre abril de 2015 y octubre de 2016. Son 21 en Andalucía; 20 en la Comunidad Valenciana; 17 en Cataluña... En total, fueron procesadas 1.378 personas. En su mayoría, varones (1.060) y españoles (1.174). Que sólo una cuarta parte de los procesados sean mujeres (318) se explica no porque sean más honradas que los varones, sino porque (lamentablemente) la cuota de poder en la política sigue siendo mayoritariamente masculina.
De todas estas personas, 272 tendrán que explicarse ante la Audiencia Nacional y el resto, en los juzgados regionales (autonómicos): 303 en Cataluña, 153 en Andalucía, 145 en Madrid, etcétera.
Durante el período analizado, los tribunales españoles dictaron 99 sentencias y 72 de éstas fueron condenatorias. Fueron condenadas 399 personas, pero sólo 82 personas fueron obligadas a cumplir la condena (alguna de las cuáles había sido condenada antes de 2015). A ojo, uno de cada cinco condenados fueron sujetos al régimen penitenciario.
En valores relativos, las Comunidades Autonómicas con más empleados públicos juzgados por corrupción son: Cantabria (17 cada 100.000 habitantes, 3 cada mil empleados públicos), Asturias (6,8 cada 100.000 habitantes, 1 cada mil empleados públicos), La Rioja (4,5 cada 100.000 habitantes, 0,9 cada mil empleados públicos) y Cataluña (4,2 cada 100.000 habitantes, 1 cada mil empleados públicos).
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