A bombo y platillo, la Generalidad de Cataluña anuncia el Plan RSGencat, con un presupuesto de 591 millones de euros en dos años (más de 98.000 millones de pesetas). RS viene de responsabilidad social, y el dinero se destinará a promocionarla.
Vamos por partes: la responsabilidad social es la obligación de responder de algo ante la sociedad. La Generalidad de Cataluña y su gobierno administran gran parte de la res publica de los catalanes, y son responsables de esa administración. Si los ciudadanos consideran que la administración no ha sido buena, echan mano del voto y cambian el gobierno. Aquí todos son responsables del estado de cosas que impera. Es evidentísimo que la Generalidad de Cataluña tiene una gran responsabilidad social. Si no ¿de qué estamos hablando?
Pero parece que no es así. Me remito a la presentación del plan.
«Es la primera vez que la Generalidad agrupa y coordina todas las medidas en materia de responsabilidad social.»
Insisto: la Generalidad administra aquello que es de todos, y todo lo que hace (incluso lo que no hace) conlleva una responsabilidad social. Todo. También tendría que velar para que las empresas no actuaran de manera perjudicial. Parte de su trabajo es exigir responsabilidades a quien ha actuado contra el bien común. Si es la primera vez que agrupa y coordina todas las medidas en materia de responsabilidad social, ¿qué ha hecho hasta ahora?
No lo sé, ni quiero saberlo, pero el Departamento de Economía y Finanzas prosigue su delirante relato.
«Con la aprobación del Plan RSGencat, Cataluña es la primera comunidad autónoma que se dota de un instrumento de carácter transversal para promover los valores de la responsabilidad social no sólo en el ámbito de las empresas sino también en el terreno de la gestión pública.»
Dejando aparte los signos de puntuación (una sola coma), la frase no tiene desperdicio. ¿Qué narices es un instrumento de carácter transversal? Quién sabe, pero es un asunto menor delante de una afirmación tremebunda: ni el gobieno de la Generalidad de Cataluña ni el de ninguna otra comunidad autónoma se había preocupado antes por su responsabilidad social. Por lo visto, la responsabilidad social es algo completamente novedoso en la administración pública española (y catalana).
La palabrería hueca no conoce límites. Tampoco el plan, que ahora establece un objetivo externo y un objetivo interno (sic).
El objetivo externo es promover entre las empresas (catalanas) un cambio cultural que les permita incorporar valores como (cito textualmente) la cultura del esfuerzo, la ética, la transparencia y el rigor. En otras palabras, ahora no se dan estos valores (por eso tienen que incorporarse). Este análisis nos dice por qué las empresas (catalanas) persiguen el chollo o la ganga a cualquier precio y sin preocuparse de las consecuencias de sus actos. ¡Ahora se comprende la carrera profesional de personajes como de la Rosa, Millet, Alavedra, Prenafeta y compañía! Así nos luce el peluquín.
Queda el objetivo externo, que será (vuelvo a citar textualmente) impulsar que también la administración avance hacia este cambio cultural. Es decir, sería magnífico que la administración pública también valorase la cultura del esfuerzo, la ética, la transparencia y el rigor, dando a entender que ahora mismo no pega sello, le importa un bledo el bienestar del público y no quiere decir en qué gasta el dinero porque lo gasta al tuntún. Lo sospechábamos, pero ahora se constata oficialmente.
Para acabar con tantas irresponsabilidades, se proponen cuatro ejes de actuación, que serán:
El primero, potenciar la educación, el conocimiento y la difusión de los valores de la responsabilidad social. ¿No les recuerda el objetivo de la infumable Fundación Confianza y su estoloarreglamosentretodos.org? Básicamente, se destinará un montón de dinero a predicar en el desierto, mientras buena falta hace en escuelas u hospitales.
El segundo, incrementar el número de empresas socialmente responsables. ¿Cómo? Se gastarán 24 millones de euros en asesorar a las empresas irresponsables, para que dejen de serlo, o nos dejaremos de tonterías y les daremos una subvención a cambio de una promesa de bondad. Como la cifra queda corta, añaden 80 millones de euros del Gobierno de España para la promoción del ahorro de energía y las energías renovables. No dicen que es dinero de Madrid, cedido por convenio ministerial, pero la cifra viste bien y da el pego y prefieren colgarse la medalla sin abrir boca. Finalmente, la Generalidad también se compromete a exigir la responsabilidad social de sus proveedores, que hasta ahora no había exigido.
La tercera medida será fomentar las buenas prácticas de la responsabilidad social en el campo de las finanzas. ¡Ja, ja, ja! ¿Hace falta decir más? Eso sí, se promete la creación de un grupo de trabajo sobre las buenas prácticas en la actividad bancaria (sic). Será como el club del chiste, pero cobrando dietas.
Eso explica por qué es necesario el cuarto punto: trabajar para una administración pública catalana más responsable socialmente. Porque ahora mismo, visto lo que hace o dice que hace, parece bastante irresponsable. Y siempre según sus propias palabras, que no he hecho más que leer lo que dice ella misma de sí misma.
Más en: http://www.acordestrategic.cat/noticies/94497580.html.
Vamos por partes: la responsabilidad social es la obligación de responder de algo ante la sociedad. La Generalidad de Cataluña y su gobierno administran gran parte de la res publica de los catalanes, y son responsables de esa administración. Si los ciudadanos consideran que la administración no ha sido buena, echan mano del voto y cambian el gobierno. Aquí todos son responsables del estado de cosas que impera. Es evidentísimo que la Generalidad de Cataluña tiene una gran responsabilidad social. Si no ¿de qué estamos hablando?
Pero parece que no es así. Me remito a la presentación del plan.
«Es la primera vez que la Generalidad agrupa y coordina todas las medidas en materia de responsabilidad social.»
Insisto: la Generalidad administra aquello que es de todos, y todo lo que hace (incluso lo que no hace) conlleva una responsabilidad social. Todo. También tendría que velar para que las empresas no actuaran de manera perjudicial. Parte de su trabajo es exigir responsabilidades a quien ha actuado contra el bien común. Si es la primera vez que agrupa y coordina todas las medidas en materia de responsabilidad social, ¿qué ha hecho hasta ahora?
No lo sé, ni quiero saberlo, pero el Departamento de Economía y Finanzas prosigue su delirante relato.
«Con la aprobación del Plan RSGencat, Cataluña es la primera comunidad autónoma que se dota de un instrumento de carácter transversal para promover los valores de la responsabilidad social no sólo en el ámbito de las empresas sino también en el terreno de la gestión pública.»
Dejando aparte los signos de puntuación (una sola coma), la frase no tiene desperdicio. ¿Qué narices es un instrumento de carácter transversal? Quién sabe, pero es un asunto menor delante de una afirmación tremebunda: ni el gobieno de la Generalidad de Cataluña ni el de ninguna otra comunidad autónoma se había preocupado antes por su responsabilidad social. Por lo visto, la responsabilidad social es algo completamente novedoso en la administración pública española (y catalana).
La palabrería hueca no conoce límites. Tampoco el plan, que ahora establece un objetivo externo y un objetivo interno (sic).
El objetivo externo es promover entre las empresas (catalanas) un cambio cultural que les permita incorporar valores como (cito textualmente) la cultura del esfuerzo, la ética, la transparencia y el rigor. En otras palabras, ahora no se dan estos valores (por eso tienen que incorporarse). Este análisis nos dice por qué las empresas (catalanas) persiguen el chollo o la ganga a cualquier precio y sin preocuparse de las consecuencias de sus actos. ¡Ahora se comprende la carrera profesional de personajes como de la Rosa, Millet, Alavedra, Prenafeta y compañía! Así nos luce el peluquín.
Queda el objetivo externo, que será (vuelvo a citar textualmente) impulsar que también la administración avance hacia este cambio cultural. Es decir, sería magnífico que la administración pública también valorase la cultura del esfuerzo, la ética, la transparencia y el rigor, dando a entender que ahora mismo no pega sello, le importa un bledo el bienestar del público y no quiere decir en qué gasta el dinero porque lo gasta al tuntún. Lo sospechábamos, pero ahora se constata oficialmente.
Para acabar con tantas irresponsabilidades, se proponen cuatro ejes de actuación, que serán:
El primero, potenciar la educación, el conocimiento y la difusión de los valores de la responsabilidad social. ¿No les recuerda el objetivo de la infumable Fundación Confianza y su estoloarreglamosentretodos.org? Básicamente, se destinará un montón de dinero a predicar en el desierto, mientras buena falta hace en escuelas u hospitales.
El segundo, incrementar el número de empresas socialmente responsables. ¿Cómo? Se gastarán 24 millones de euros en asesorar a las empresas irresponsables, para que dejen de serlo, o nos dejaremos de tonterías y les daremos una subvención a cambio de una promesa de bondad. Como la cifra queda corta, añaden 80 millones de euros del Gobierno de España para la promoción del ahorro de energía y las energías renovables. No dicen que es dinero de Madrid, cedido por convenio ministerial, pero la cifra viste bien y da el pego y prefieren colgarse la medalla sin abrir boca. Finalmente, la Generalidad también se compromete a exigir la responsabilidad social de sus proveedores, que hasta ahora no había exigido.
La tercera medida será fomentar las buenas prácticas de la responsabilidad social en el campo de las finanzas. ¡Ja, ja, ja! ¿Hace falta decir más? Eso sí, se promete la creación de un grupo de trabajo sobre las buenas prácticas en la actividad bancaria (sic). Será como el club del chiste, pero cobrando dietas.
Eso explica por qué es necesario el cuarto punto: trabajar para una administración pública catalana más responsable socialmente. Porque ahora mismo, visto lo que hace o dice que hace, parece bastante irresponsable. Y siempre según sus propias palabras, que no he hecho más que leer lo que dice ella misma de sí misma.
Más en: http://www.acordestrategic.cat/noticies/94497580.html.
Son las ventajas de disparar con pólvora del Rey. ¿Gastarían lo mismo si tuvieran que descontar los muchos millones de parte de sus sueldos?, ¿sentirían la misma necesidad de publicar este plan?
ResponderEliminarSea como fuere, estoy convencido que cualquier comité que se establezca lo conformarán los mismos que han redactado el infumable documento - o sus esposas o parientas - y cobrarán por sus sabias aportaciones (sabias considerando que la mayor parte de ellos no tienen ni una etiqueta de Anís del Mono que acredite su formación intelectual).
Querido Carlos,
ResponderEliminarLa pólvora del rey por un lado y una redacción desafortunada por el otro. También, la manía obsesiva de hablar raro, decir obviedades con palabros superlativos y esotéricos y sostener como excepcional lo que tendría que ser moneda corriente. Por ejemplo, gastar tantos esfuerzos en hacer correr la voz de que a partir de ahora la administración pública será responsable ante la sociedad... Pero ¿que no lo ha sido (o tendría que haber sido) siempre?
Lo dijo una vez el gran filósofo: si hicieras sonar esta campana, comprobarías que suena a hueco.