Hace cosa de una semana, más o menos, una diputada del grupo socialista en el Parlamento de Cataluña elevó una pregunta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña sobre los efectos de la pobreza infantil. Más concretamente, preguntó cuántos niños catalanes sufrían desnutrición por causas socioeconómicas y qué hacía el gobierno exactamente para remediarlo.
La respuesta del gobierno tendría que haber salido en primera página a varias columnas, para subrayar el escándalo. La respuesta del gobierno fue que no sabían cuántos niños estaban expuestos a la desnutrición porque no se habían molestado en contarlos. Es decir, no es un tema que les preocupe, ahora mismo, literalmente. Imaginen, pues, qué políticas sociales pueden hacerse para intentar aliviar o resolver un problema que no les importa, que no les preocupa, del que no tienen noticia.
No sé a ustedes, pero a mí me parece un escándalo mayúsculo. Que nadie levante la voz, que nadie dimita, ¡que no cesen a nadie!, me provoca pasmo y vergüenza.
Esta salvajada (no merece otro nombre) tiene responsables con nombre y apellidos, a los que hay que señalar y censurar. Todo comenzó en julio de 2017 cuando la entonces consejera de Bienestar y Familia, Dolors Bassa, anunció en sede parlamentaria que la comisión de seguimiento interdepartamental (Educación por un lado y Bienestar y Familia por otro) no se reunía desde, lo menos, 2015, y que, como el porcentaje de niños en riesgo de pobreza había bajado del 25% (eso dijo), había decidido que los miembros de la comisión ya no se iban a reunir más y abandonaban la estadística de los casos de niños con problemas de desnutrición a causa de pobreza. Total, ¿para qué contarlos? Tal cual. Con un par.
El ruido era mucho entonces y el agitar de banderas tapó la crueldad intrínseca de este comportamiento, la dejadez de funciones del gobierno en materia social, el brutal cinismo de esa señora al anunciar que, como el problema no afecta a tres de cada cuatro niños, mejor mirar hacia otro lado, porque así el problema desaparece. Y al niño afectado, que le den. Esta señora ha sido condenada recientemente por malversación de fondos públicos y condenada a doce años de prisión. No es por nada, pero fondos destinados a resolver el problema de la malnutrición infantil u otros problemas sociales igualmente serios fueron destinados a la farsa del procés. Pues, miren, quizá merezca la prisión, si no por una cosa, por la otra.
Ese comportamiento persiste y la situación, obviamente, se agrava. Siguen sin contabilizarse los casos de desnutrición infantil desde el gobierno, siguen sin coordinarse las diferentes consejerías concernidas y todo ello sigue sin preocupar a los partidos que apoyan al gobierno. Mal asunto.
Diversas organizaciones (Cáritas, UNICEF, etc.) han dado la voz de alarma estos dos últimos meses. La Mesa de Entidades del Tercer Sector ha pedido una actuación urgente del gobierno; Save the Children se ha sumado a las alertas. Cualquier persona que conoce el problema se lleva las manos a la cabeza ante la acción de gobierno. Según los datos recopilados por estas organizaciones e instituciones, los niños en riesgo de pobreza son ya más del 28% en Cataluña, una cifra que se ha incrementado entre un 3 y un 4% en apenas un año. En esta situación se encuentra también uno de cada tres adolescentes. El Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña) asegura que la tasa de pobreza en Cataluña supera el 21%, ¡la cifra más alta desde 2004! Y los casos de pobreza severa pasan del 6,5% de la población, otra marca (negativa)... Pero la desnutrición infantil no es cosa que merezca ser contada por el gobierno.
Para más inri, la inversión en Educación ha batido una marca negativa en Cataluña; ya supone menos del 3,6% del PIB este año. Si comparamos la inversión de la Generalidad de Cataluña en 2009 y 2019 en políticas sociales (educación, sanidad y servicios sociales), ésta ha disminuido más de un 27%. Estamos en el vagón de cola de políticas sociales en España, con diferencia. No parece que importe.
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