Lo que vota o no vota el pueblo

Leo demasiadas veces que la culpa de todo la tiene un Tribunal Constitucional que declaró no aplicables 14 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Esa ley orgánica española había sido aprobada por tres de cada cuatro catalanes que fueron a votar en el referéndum, lo que da un 36% del censo electoral de aquel entonces. 

Solemos olvidar la rocambolesca historia de su génesis y sus mil detalles ridículos, con un episodio central bastante lamentable. En un rifirrafe parlamentario, el entonces presidente Maragall le dijo al entonces cabecilla de la oposición, el señor Mas, que ustedes (Convergència i Unió) tienen un problema, y ese problema se llama 3%. El señor Mas dijo que si no retiraba esas palabras, no seguía participando en la elaboración del Estatuto. Ahí tendría que haberse plantado el presidente, pero Maragall, vergonzosamente, se arrugó y retiró lo dicho. Meses más tarde Mas negoció en secreto (ejem) con Zapatero dar su apoyo al Estatuto a cambio de ser investido presidente en las siguientes elecciones (y echar a Maragall). El acuerdo sentó como una patada en el PSC, que se pasó el acuerdo por el forro, pero cambió Maragall por Montilla, repitió Tripartito, etcétera. Lo del 3% también ha dado mucho de qué hablar desde entonces.

Resulta casi un chiste que el 3% del texto del Estatuto fuera declarado inconstitucional. ¡El 3%...! En fin... Pero, seamos honestos, ¿alguien sabría decirme qué declararon inconstitucional exactamente? Sin consultar internet, no hagan trampa. Siempre hago esta pregunta y el silencio suele ser la respuesta. Cuando digo que, según el texto original del Estatuto, los catalanes no podríamos apelar al Tribunal Supremo ni pedir ayuda al Defensor del Pueblo (cuando el resto de los españoles sí que pueden), la gente no me cree, pero ahí está la sentencia. Búsquenla y léanla.

¡Vayamos al grano! Como esa ley orgánica había sido aprobada en referéndum y luego corregida por el Tribunal Constitucional (lo normal, lo que sucede y ha sucedido con tantas otras leyes aquí y en tantos otros países), el señor Puigdemont, en sede parlamentaria, a instancias de una pregunta de la oposición, dijo que él no tenía por qué cumplir con lo que dijera el Estatuto. No es el Estatuto que votó el pueblo, dijo, más exactamente, para justificarse. Unas palabras que no han tenido mucha repercusión en la prensa, aunque son una barbaridad, si nos paramos a pensar, porque ¿qué partido político hace lo que dijo que haría en período electoral? No conozco ni uno.

El Estatuto vigente y el anterior decían que Cataluña podía (y debía) tener su propia Ley Electoral, ley que tienen todas las demás Comunidades Autónomas. Pero aquí somos muy guapos y no la tenemos; vamos todavía con la de 1976. La cuestión es que esta ley necesita ser aprobada por una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento de Cataluña (90 diputados). Eso lo decían ambos Estatutos y esa parte del texto nunca lo tocó el Tribunal Constitucional. Es decir: el pueblo votó esta norma y no otra, dos veces, tanto que hablan de lo que el pueblo votó. 

La cuestión es que nunca, en más de treinta años y para nuestra vergüenza, han conseguido ponerse de acuerdo tantos diputados para aprobar la Ley Electoral. Ahora, mediante la Ley (Fantasma) de Transitoriedad de No Sé Qué, que nadie ha visto, el actual Gobierno de la Generalidad de Cataluña pretende saltarse tal mayoría cualificada y hacer un remedo de Ley Electoral sui generis con una mayoría simple, de la mitad más uno y andando, y (atención) sin debate previo, en lectura única, por sorpresa, con nocturnidad y alevosía. Así, por el morro, vamos, en cuestión de horas. En contra de lo que votó el pueblo, si nos ponemos puigdemontescos.

Puigdemont, el tercero por Gerona de la lista de candidatos de Junts pel Sí.

Pero, ahora que pienso... Al presidente Puigdemont tampoco lo escogió el pueblo. ¿Acaso era él el candidato de CiU y ERC? No. Ni por asomo. Si aplicamos la máxima que argumenta él mismo, que no tenemos por qué hacer caso de lo que el pueblo no votó... No diré más. Sólo diré que no pueden pedirse peras al olmo y que éste es el nivel. Llegados a este punto, mi angustia es creciente: ¿no queda nadie inteligente en política?