El señor Alavedra, esposado.
Supongo que recordarán el caso Pretoria. Todavía se está instruyendo y hay veinte personas imputadas, una más o menos. Instruye el caso el juez Ruz, después de haberlo instruído el juez Garzón.
Conviene recordar cómo se inició el caso. El juez Garzón investigaba el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y la trata de blancas y puso las manos encima de las actividades del BBVA en la isla de Jersey. Fue estirando de algunos hilos y ahí lo pillamos, en octubre de 2009, iniciando públicamente el caso Pretoria. El 27 de octubre de 2009 comenzaron los arrestos y los registros, buscando pruebas por los delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueo de dinero.
Detuvo entonces a nueve personas, entre las que se contaban el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, don Bartomeu Muñoz (PSC), el concejal de Urbanismo, don Manuel Dobarco (PSC), el antiguo consejero de Finanzas de la Generalidad de Cataluña, Macià Alavedra (CiU), el antiguo secretario general de la Presidencia y protagonistas del caso Casinos, Lluís Prenafeta (CiU), y un antiguo diputado del PSC, don Luis Andrés García Sáez, Luigi para los amigos.
La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria se aplicaron a fondo, después de dos años de investigaciones y pesquisas. La Guardia Civil realizó registros en varios ayuntamientos catalanes, empezando por el de Santa Coloma de Gramanet, en los despachos y viviendas de los implicados, etcétera. Hubo un problema con la legalidad de algunas escuchas telefónicas aprobadas por los jueces Garzón y Ruz, pero la Audiencia Nacional dio la razón a los jueces. Dejó aquí el asunto, porque no se ha ido todavía a juicio, y eso que ha pasado tanto tiempo.
Gramepark gestiona, entre otras cosas, los aparcamientos públicos.
En medio de este asunto, que tiene su intríngulis, el juez ordenó que alguien se hiciera cargo de Gramepark. Ésta es una empresa pública del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, que, resumiendo mucho, muchísimo, comenzó con la gestión de los aparcamientos y la grúa y acabó gestionando parte del urbanismo de la ciudad. Es de suponer que en un caso de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramanet apareciera aquí o allá Gramepark. Por eso mismo, el juez ordenó la supervisión de la empresa y la encargó a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) a finales de 2009.
Entonces era gerente de Gramepark el señor don Manuel Sierra, y lo llevaba siendo desde 1997. Era natural sospechar de él, dada su responsabilidad, y se le investigó. Los administradores judiciales nombrados por la OAC no tardaron en acusarle de cosas muy feas. Aseguraban que se había subido el sueldo a sí mismo, porque sí, y sostenían que había hecho de mediador en la adjudicación o contratación de obras públicas. Dijeron que, gracias a la gestión del señor Sierra, la situación financiera y patrimonial de Gramepark era delicada (eufemismo que significa que no había por dónde cogerla) y un suma y sigue de acusaciones por el estilo. Acusaban al señor Sierra de falta de colaboración, gestión deficiente y conductas de grave deslealtad a la administración pública. ¡Chúpate ésa!
Así anunció El Periódico la destitución de los responsables de Gramepark.
En febrero de 2010, a instancias de estos administradores judiciales, el señor Sierra dejó de ser gerente de Gramepark. Ha pasado el tiempo y ha proseguido la investigación judicial. La destitución del gerente de Gramepark hizo mucho ruido entonces, pero han pasado los años y no ha habido imputación alguna contra el señor Sierra. Al parecer, pese a todo lo dicho por esos administradores judiciales de la OAC, no podía acusársele de ninguna falta o delito. No está imputado en el caso Pretoria, no han podido imputarlo, y eso nos lleva a lo que ha pasado hace unos días.
El señor Sierra ha vuelto a los periódicos al presentar una querella en el juzgado de instrucción número 36 de Madrid. Se querella contra los tres administradores judiciales nombrados por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en 2009 y los acusa, ahí es nada, de falso testimonio y denuncia falsa. El Código Penal obsequia a cada uno de estos delitos con penas que van de los seis meses a los dos años de prisión. La querella sigue adelante, ha sido admitida a trámite y los acusados no se van a librar del juicio, según las últimas noticias.
El escrito del señor Sierra no tiene desperdicio. Acusa a los administradores judiciales de la OAC de redactar informes llenos de (cito) mentiras, falsedades y acusaciones infundadas. En otro punto dice que manipulan hechos, recogen falsedades e imputan delitos sin fundamento, que es lo mismo. En pocas palabras, a saber por qué, los administradores judiciales mintieron como bellacos para cargárselo.
El señor Sierra aporta pruebas, naturalmente. Por ejemplo, explica que su cargo como gerente no le permitía subirse el sueldo, que era otro el que decidía cuánto cobraba a finales de mes. También aporta pruebas contables que demuestran, a juicio del señor Sierra, que la empresa Gramepark no estaba tan mal como habían asegurado los acusados (aunque hoy esté realmente mal y haya despedido a uno de cada tres empleados). También presenta pruebas documentales contra las acusaciones de tráfico de influencias. Recuerda que ningún juez le ha imputado por ningún delito en el caso, pese a tantas acusaciones de la OAC, porque carecían de fundamento. Acaba calificando de cuestionable tanto la ética como la profesionalidad de los administradores judiciales, que no es poco, y nos recuerda que esos personajes mentirosos y falaces están vinculados muy estrechamente con el PSC, CiU y ERC.
Esos tres personajes acusados por el señor Sierra son Maite Masià, Manuel Torrent y Josep Maria Sangenís.
Josep Maria Sangenís fue jefe del Área de Sector Privado, Gestión Ética y Responsabilidad Social de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), a instancias del PSC. En 2011, poco después de su intervención en Gramepark, se publicó en los periódicos que iba a ser expedientado porque entre 2009 y 2010 había sido consejero de Aeropuertos Públicos de Cataluña (de la Generalidad de Cataluña) y de Promoción Industrial Vilanova S.A. Municipal (del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú), algo explícitamente prohibido por la Ley de Incompatibilidades. En 2005 ya había sido expedientado por excederse en el cobro de dietas como interventor de la Generalidad de Cataluña. Percibo el sarcasmo de quien lo nombró jefe de Gestión Ética y dejo a discreción del lector el juicio que le merece como administrador judicial en un caso que puede perjudicar gravemente a su partido político.
Manuel o Manel Torrent Segura es otro de los acusados por el señor Sierra. Como Manuel, ha sido consejero de empresas municipales de Vilafranca del Penedès (Societat Vilafranquina d'Aparcaments, SL, y Societat Municipal de l'Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL) y sabemos, después de echar un vistazo a internet, que también consta en varios registros públicos como empresario y ha firmado el manifiesto Sobirania i Progrés. Sin embargo, en su papel de militante de ERC figura como Manel y es o ha sido responsable de la Secretaría de Formación y Promoción de ERC de Vilafranca del Penedès, por ejemplo. Examinando su currículum, nos parece que no da para poder administrar judicialmente una empresa como Gramepark. Pero ésta es una opinión personal que el lector puede tomar como buena o mala, pues le recomiendo que busque su historial en internet y juzgue por sí mismo.
La tercera persona en discordia es una vieja amiga de El cuaderno de Luis, doña Maite Masià Ayala. No me extenderé demasiado en su caso. Baste decir que redactó las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó (es un decir) el caso Palau, donde afirmó que nadie podía acusar a CiU de nada ilegal o inmoral, por ejemplo. Hay que tener bemoles para afirmar algo así. Luego apareció implicada en el caso ITV, pues quería privatizar la certificación energética de edificios (todavía quiere hacerlo, nos consta) y entregarla a los amigos de don Oriol Pujol, con quienes tiene una buena relación. Por ahora, no está imputada en el caso. Una pájara de cuidado.
Si quieren saber más de ella:
La Guardia Civil en Santa Coloma de Gramanet.
Les diré lo que pienso. Será una opinión personal, naturalmente, y podrán estar o no estar de acuerdo conmigo, pero a la luz de lo visto y conocido creo que la elección de esos tres administradores judiciales pone en evidencia la (poca, poquísima) confianza que despierta la Oficina Antifraude de Cataluña por su dependencia de los intereses de los grandes partidos y una evidente falta de profesionalidad. Porque, en mi modesta opinión, no creo que esas tres personas fueran capaces de gestionar Gramepark, ni juntas ni por separado, y tengo razones para pensar que respondieron mucho antes a los intereses de las direcciones de sus partidos políticos que a los intereses de la comunidad. Una pésima elección. ¿Están de acuerdo conmigo?
No sé si el señor Sierra tiene razón o no la tiene. Los jueces dirán. Pero que no hay trigo limpio, lo doy por seguro.
¡Al ataqueeeeee!
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