El 25 de abril de 1986 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley General de Sanidad (LGS), que puso orden y concierto en el sistema sanitario público. Su promotor fue don Ernest Lluch, entonces objeto de burlas y chanzas por su aire despistado, que fue ministro de Sanidad entre 1982 y 1986. En 2000, ETA lo asesinó en Barcelona, donde entonces ejercía de profesor en la universidad.
La LGS fue una revolución. Seguramente ha sido una de las leyes que más ha cambiado la vida de los españoles. En primer lugar, dejó bien clarito que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir tratamiento y visita médica, todos, no sólo los que cotizan en la Seguridad Social. A esto se le llama universalidad del servicio.
Luego, creó el Sistema Nacional de Salud, que, mejor o peor, coordina las distintas redes asistenciales, con la intención de cohesionarlas y asegurar esa universalidad del derecho a una atención sanitaria, que ya no se sufraga por las cotizaciones de los trabajadores, sino que depende de los Presupuestos Generales del Estado.
En tercer lugar, se descentralizó el sistema y se permitió a las Comunidades Autónomas gestionarlo de la manera más conveniente a las necesidades de los ciudadanos del lugar. La Generalidad de Cataluña ya gestionaba el sistema un año antes de la publicación de la LGS, que aseguró este privilegio, y todavía lo hace.
Veinticinco años de esfuerzos para que ahora vengan unos vándalos a fastidiarlo todo. La Comunidad Autónoma que menos gasta en Sanidad por habitante, Cataluña, la que pese a todo tiene más hospitales de referencia y prestigio de toda España, está en manos de unos desalmados que no creen que sea bueno que el Estado fundamente sólidamente el derecho a un sistema de Seguridad Social. Las primeras declaraciones del conseller de Salud fueron, cito, yo que usted me haría de una mutua. Así le den.
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