«Ninguna ilegalidad», patente de corso

De un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda en Cataluña decir que uno no ha cometido ninguna ilegalidad cuando le pillan a manos llenas de dinero público. No sé decir, sin embargo, si esta coletilla ha sido importada o es de creación propia. En todo caso, es un paso más allá del yonohesidismo, o su sublimación. Si yo no he cometido ninguna ilegalidad, no puedes llamarme culpable ni exigirme responsabilidades, se argumenta, lo que es notoriamente falso, pero pasa por cierto.

No se niega que uno haya podido hacer tal cosa (tampoco se afirma), pero se apunta que, en el caso de ser cierto que uno pudiera haberla hecho, no habría hecho nada ilegal. Es un decir, naturalmente, porque las más de las veces en las que uno sostiene haber actuado de acuerdo con la ley, la Ley actúa de oficio, sospechando lo contrario. Si no, no se apresuraría uno a decir que él no ha sido, y, de haber sido, no habría hecho ninguna ilegalidad.

Veamos algunos casos recientes de gente que no ha cometido ninguna ilegalidad. A uno se le ponen los pelos de punta.

El más notable, el del señor Prat. Una elección personal de don Baudilio, a. Bío Ruiz, para dirigir el Instituto Catalán de la Salud, parcelarlo y venderlo a trozos al mejor postor. El señor Prat accedió al cargo sin dejar de ser alto directivo del Grupo Innova, de Reus, y de un grupo multinacional hospitalario privado.

La opacidad de las cuentas y la sospecha de corrupción generalizada alrededor de ese conglomerado de empresas municipales, y el conflicto de intereses entre la sanidad pública y la privada tendrían que haber obligado al señor Prat a dimitir inmediatamente, o a ser dimitido de manera fulminante por don Baudilio, pero el portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, el señor Homs, ése que imita al presidente Mas cuando habla, fue el primero que anunció que el señor Prat no había cometido ninguna ilegalidad. El señor Prat sigue con su cargo público, favoreciendo a los suyos, pero no comete ninguna ilegalidad, dicen.

El asunto de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la red de empresas parásitas de las que eran propietarios cargos de Convergència i Unió y señoras de la comarca de Osona es de puro escándalo. Se estaban forrando de tal manera... Pillada con los pantalones bajados, la ACM se apresuró a declarar que no había cometido ninguna ilegalidad al no encargar una auditoría de cuentas externa, porque no era una entidad pública (sic), aunque todo el dinero que mueve la ACM sea procedente de los ayuntamientos o de subvenciones de la Generalidad de Cataluña. Si eso no es público, ya me dirán.

Del recién escogido segundo de a bordo de la Diputación de Barcelona, un tal Matas, de CiU, pronto se supo que se había hecho con casi un millón de euros ejerciendo un cargo en la ACM: encargaba a sus propias empresas trabajos más bien idiotas, que cobraba a precio de oro. Otro caballero de la ACM y su señora, Solà, que es el segundo de a bordo del conseller de Cultura, se llevó en dos meses el 10% del presupuesto de la entidad contratando a una empresa que acababa de comprar para hacer un trabajo que... Y el actual alcalde de Masnou, Parés... En fin, que la red de corrupción de los cargos convergentes alrededor de la ACM quita el hipo y apenas se ha dado a conocer, pero se insiste que en que nadie ha cometido ninguna ilegalidad.

En el caso Dorribo, se menciona a Oriol Pujol como el personaje con quien establecer contacto si se quieren tratos de favor en la sanidad pública catalana. Es un dato que aparece en el sumario. Pero es evidente que el hijo de su padre no ha cometido ninguna ilegalidad.

Hemos sufrido muchos años a CiU para sorprendernos de su rapacidad y de la corrupción que arrastra por donde va, pero otros partidos que hacen de su honradez bandera merecen también una mención especial, precisamente por bocazas. Yo no creo en la superioridad moral de una ideología, pero sí en la responsabilidad de lo que uno hace, y a ello me remito.

No hablaré de la infinidad de cargos directivos en la sanidad privada de altos cargos del Tripartito, que huelen mal o peor, ni de la cátedra de Diversidad Social (sic) del señor Carod-Rovira, dotada tan generosamente por la UPF. Ahora me toca cuestionar a los caballeros de Iniciativa per Catalunya-Verds, IC-V, que presumían de no cometer ninguna ilegalidad en ninguna parte.

De hecho, en estos casos que citaré, la Oficina Antifraude de Cataluña ya actúa de oficio forzada por las noticias aparecidas en los periódicos. Francesc Baltasar, conseller tripartito de Medio Ambiente y Vivienda, tiene una asesoría privada con un jugoso contrato con Agbar, Aguas de Barcelona, SA. La cuestión es que, siendo conseller, el señor Baltasar adjudicó entre una cosa y la otra obras y servicios a Agbar por más de 180 millones de euros. Pero él asegura no haber cometido ninguna ilegalidad.

La actual directora de Recursos Humanos (i.e., Personal) de Agbar es doña Elisenda Rius, que había sido directora de servicios a las órdenes del señor Baltasar en Medio Ambiente. Agbar también es cliente de la empresa consultora KM2-Knowledge Management, propiedad de Eduard Pallejà, que fue alcalde de Rubí por IC-V y luego secretario general de Medio Ambiente con el conseller Baltasar, cuando esos famosos contratos de tantos millones. La última persona afectada por ninguna ilegalidad es Imma Mayol, que había sido la responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona y ahora va por ahí con la tarjeta de visita de Agbar.

Los de antifraude saben que ninguna de estas personas puede trabajar para Agbar hasta pasados dos años del abandono de su cargo y ahora discuten si han cometido una irregularidad administrativa o un delito. Pues, para que lo sepan ustedes, repito que nadie, ni siquiera Agbar, ha cometido ninguna ilegalidad, a decir de la portavocía de IC-V. Caramba.

Como nadie comete ninguna ilegalidad, patente de corso.