Que se mueran, y nos ahorramos una pasta

Que las cifras hablen por mí. El Departamento de Bienestar Social tuvo que publicarlas obligado por una pregunta parlamentaria del Partido Popular, pero hubiera podido ser otro partido cualquiera. La pregunta es la que es y alguien tenía que hacerla.

En 2007, se puso en marcha la Ley de Dependencia. Más exactamente, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Dígase alto y claro: desde el primer momento, CiU se opuso a esta ley. ¿La excusa? Que obliga al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a proporcionar a los catalanes las mismas prestaciones sociales que disfrutan todos los demás españoles. Lo del café para todos, nunca; acaso, para nosotros solos. El resto de los partidos catalanes dijo que sí a la ley, pero la práctica parece señalar lo contrario, porque no se hizo nada efectivo para combatir una espeluznante lentitud administrativa.

De eso iba la pregunta parlamentaria. La ley dice que, una vez reconocida la dependencia, la persona dependiente (o sus allegados) tienen derecho a una determinada ayuda social en menos de seis meses. Pero los dependientes catalanes esperan mucho más, según las estadísticas.

Ahí va la cifra, espeluznante: Desde que se aplica esta ley, han muerto 50.446 personas en Cataluña esperando cobrar la ayuda. Todas ellas tenían aprobada la prestación; tendríamos que sumar las que mueren sin haber llegado a saber si eran dependientes o no. Como los catalanes somos más chulos que nadie, así que se muere el dependiente, el Gobierno no está obligado a pagar las ayudas que no ha pagado y a las que tenía derecho el finado. La familia se come el disgusto, el gasto y el favor de nuestro Departamento de Bienestar Social, que ya es cinismo llamarlo así. La Comunidad Autónoma que paga más tarde la ayuda a la dependencia es y ha sido siempre Cataluña.

Siguen las cifras espeluznantes:

En 2007 murieron 4.521 personas antes de recibir la ayuda, un 7,3% de los que solicitaron la ayuda ese año.
En 2008, 14.232 personas, un 14,1% de las personas que la solicitaron.
En 2009, 13.849 personas, un 15,2% del total de solicitantes.
En 2010, 10.982 personas, el 14,5% del total.
En 2011, 6.862 personas, el 10,9% del total.

En resumen, un 12,8% de las personas que solicitaron ayuda para la dependencia murieron antes de recibirla... y sus parientes y allegados no vieron un duro. El gobierno del señor Mas lo tiene fácil para recortar el gasto: mira hacia otra parte y tarda en resolver las solicitudes de los más necesitados, para que la diñen. ¡Qué muerte más patriótica, heroica! Si se mueren, se ahorra uno pagar el gasto de la dependencia y puede destinar 378 millones de euros a TV3 sin problemas de conciencia, lo que es mucho más interesante. Porque gastamos menos en la Ley de Dependencia en Cataluña que en TV3, ¿lo sabían?

A eso se le llama racionalización del gasto. Así les den y les duela.