Referéndum polémico

El artículo 149, apartado primero, parágrafo quinto, de la Constitución Española dice que El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Parece que está claro. Ahora bien, en 1996, los Reales Decretos 409/1996 y 441/1996 de 1 de marzo cedieron a la Generalidad de Cataluña, cito, las funciones y servicios en materia de medios personales, materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia.

Dicho de otra manera, la Justicia es una y única en toda España, pero el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña se cuida del personal del Ministerio de Justicia en Cataluña. Les paga el sueldo, les proporciona los medios materiales para realizar su trabajo y organiza éste. Por lo que se ve, no lo hace muy bien. De hecho, los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT, mayoritarios en la Administración de Justicia en Cataluña, han puesto por escrito que esta gestión ha sido NEFASTA (así, con mayúsculas).

Por eso, el pasado 24 de mayo, los trabajadores de la Ciudad de la Justicia en Barcelona aprobaron después de una consulta, y por amplia mayoría, celebrar otra consulta (un referéndum) para que, cito, los funcionarios de Justicia se pronunciasen democráticamente sobre la devolución por parte de la Generalitat, de las competencias al Ministerio de Justicia. A decir de Manuel Gómez, coordinador del sindicato CSIF en Justicia, La Generalitat no está gestionando bien esta materia y por eso preguntamos a los funcionarios si quieren volver a depender del Estado.

La consulta se celebra, finalmente, en todas las sedes de Justicia en Cataluña. Comenzó el viernes y sigue abierta hoy, lunes. Se espera una mayoría aplastante de los trabajadores a favor de un regreso al seno del Ministerio de Justicia. Mejor el ministro que el conseller, dicen, y no hay para menos.

De media, los siete mil trabajadores de Justicia cobrarán 450 euros menos este mes; en julio, 300 euros menos; el resto del año, 110 euros menos al mes. Gran parte de esta rebaja proviene de la eliminación de unos complementos salariales que los trabajadores cobraban en función de las tareas que realizaban en el juzgado. Antes de estas reducciones salariales, que no se practican en el resto del Estado, los funcionarios y empleados públicos de justicia de Cataluña ya eran los peor pagados de España.

Un detalle que supongo jurídicamente complejo es que estos trabajadores sufren las reducciones de sueldo que se aplican a los trabajadores de la Generalidad de Cataluña, aunque no son trabajadores de la Generalidad, sino del ministerio (cuesta de comprender, lo sé). Los sindicatos sostienen que no tendría que ser así, que quien marca su salario es el ministerio, no la Generalidad, y ésta sostiene lo contrario. Hay demandas por lo civil y los sindicatos estudian presentar demandas penales contra los responsables de Justicia de la Generalidad de Cataluña, tal está el patio.

La gente que conozco que ha pasado por ahí, por Justicia, habla de una gestión caótica, una burocracia demencial y una dirección francamente mala. La moral del personal está por los suelos. Los sindicatos coinciden con este análisis.

Mientras el Ministerio de Justicia ha consolidado un 75% del personal de refuerzo y convocó oposiciones para cubrir algunas plazas vacantes el año pasado, además de mantener el salario y las condiciones laborales de los trabajadores, el gobierno catalán ha realizado numerosas amortizaciones de plantilla, ha fastidiado de lleno a los interinos, reduce otra vez el sueldo de todo el mundo y se enfrenta a un 40% más de expedientes judiciales con 400 empleados menos que hace un año. Añadan al berenjenal nuevas tasas para acceder a la justicia que sólo se aplicarán en Cataluña, un colapso en los juzgados y una desidia manifiesta en buscar una solución por parte de los que gobiernan y han gobernado en Cataluña.

A la vista de todo esto, es natural que los trabajadores de Justicia quieran depender del ministro y no del conseller. Es más, vivirían y trabajarían mejor si no hubieran padecido la administración catalana. Pero expresar esta voluntad de querer cambiar conseller por ministro ha sonado como un tiro en algunos círculos, eufemismo que reúne a los que juzgan lo bueno o lo malo por el color de las banderas. Decir en voz alta que con Madrid vivíamos mejor provoca urticaria sociovergente. A más de un líder patrio se le ha indigestado el desayuno.

Aunque no sé por qué se preocupan. De hecho, la consulta sólo tendrá un valor reivindicativo. No conseguirán nada más que hacer rabiar al Gobierno de los Mejores, que no cambiará de opinión. Pero, puestos a morir, muérase matando. Por eso votan en esta consulta, por darles una patada donde más les duele y que se note.

El mal humor del Gobierno de los Mejores es manifiesto. Ya les duele. Hablan de traición en voz baja. ¿Cómo puede nadie solicitar que se devuelvan las competencias a Madrid? ¡Por favor...! Luego, de tapadillo, presionan a los sindicatos para que se manifiesten contrarios a la consulta. Y los sindicatos catalanes, así nos va, se agachan, se bajan los pantalones y pagan la vaselina.

¿No me creen? UGT de Cataluña publica un comunicado escueto, brevísimo, que dice que, copio, comparte les reivindicaciones en materia de condiciones laborales de los empleados y las empleadas de la Administración de Justicia, pero luego añade, y vuelvo a copiar, que desautoriza la celebración de cualquier referéndum entre los trabajadores y las trabajadoras de Justicia en relación a las competencias que tiene o no ha de tener la Generalidad de Cataluña. Éste es un ámbito patrimonio de la ciudadanía de Cataluña, que es quien tiene que decidirlo. Eso dice, no dice más.

De todos modos, no es exactamente así como dice, porque la gestión del personal de Justicia no es patrimonio de nadie, sino competencia del Gobierno de España, que la ha cedido al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Cataluña. Lo que sí que es patrimonio de todos los españoles es que la Justicia es una e igual para todos, y que no puede ser una aquí y otra allá, porque los derechos jurídicos de los españoles son o tendrían que ser los mismos en toda España. Este razonamiento tumbó varios artículos del Estatuto del 3% en el Tribunal Constitucional, como los relativos al Defensor del Pueblo o a las máximas instancias jurídicas a las que podían acudir los catalanes, que se quedaban con menos posibilidades de recurso y amparo que el resto de los españoles con esa nueva legislación.

Pero no hablábamos de eso. Diga lo que diga ahora la dirección de UGT, tenga o no tenga razón, los representantes de Justicia de UGT aprobaron el referéndum y participan en él muy activamente.

CC.OO. se desmarca del referéndum dándole vueltas y vueltas, mareando la perdiz. Si UGT publica una nota tan escueta que parece un apunte, CC.OO. copia casi literalmente la nota del sindicato STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia). Todo un ensayo. Eso sí, añade unas lindezas filosóficas que no puedo evitar mencionar. Copio la más notable, pero no la única:

Desde CCOO queremos dejar meridianamente claro que, como sindicato sociopolítico [sic], apostamos por un Estado Federal y defendemos en consecuencia el modelo de transferencias y la necesidad de mejorar e incrementar el autogobierno.

Después de confundir la velocidad con el tocino, porque ya me dirán que pinta un Estado Federal en todo este follón, prosigue su extraña condena del referéndum convocado por los trabajadores de Justicia. Así:

Pero esto no se contradice con que, como representantes de los trabajadores y trabajadoras, nos hacemos eco de sus legítimas protestas y luchamos contra políticas neoliberales del gobierno de CiU que, demostrando día tras día su ineficacia e ineficiencia, han conseguido que en Cataluña tanto los trabajadores como los ciudadanos hayan pasado a ser personas «de segunda categoría».

Es la única vez en todo el discurso que utiliza los genéricos trabajadores y ciudadanos, sin discriminarlos por razón de sexo. Véase el manifiesto entero aquí.

Total, que entre unos y otros han conseguido que yo hable de ellos. En cierto modo, es lo que pretendían, ¿no? Que yo dijera que con el ministro vivían mejor.