¡Pobres pobres! (IV)

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) ha redactado un informe sobre la reforma del PIRMI que pone los pelos de punta. Poco más o menos viene a decir que la reforma es tal que exige una norma con rango de ley, y avisa que el coste del nuevo PIRMI sería mucho más elevado que el actual, especialmente en trámites burocráticos. Ahora mismo, el coste total del PIRMI en Cataluña se estima en unos 130 millones de euros. Se incluye la renta mínima de inserción (RMI), que suma entre 13 y 14 millones de euros, y lo demás son costes de personal, cursos de formación, etc. Con la habilísima reforma que se ha puesto en marcha, el coste podría llegar a los 200 millones de euros, disminuyendo la aportación a la RMI. Es decir, costaría más, sería más farragoso y ayudaría a menos gente necesitada. ¡Fabuloso! ¡Esto es ahorrar!

Lo que es peor, la reforma dificulta la reinserción social y laboral de las personas más necesitadas. Así, por ejemplo, una familia tardaría doce meses (¡un año!) en tramitar su expediente para acceder al PIRMI si sigue aplicándose la reforma que defiende el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Ahora, la RMI puede incrementarse un tanto por hijo o familiar a su cargo, y superar el salario mínimo interprofesional (634 euros al mes). Pero recordemos que la media de la RMI es de 420 euros al mes por familia. En todo caso, en julio, una viuda o una madre soltera con siete hijos podría llegar a cobrar casi 900 euros al mes. Pero ahora, en agosto, pasará a cobrar 634, porque, si cobrase una RMI más alta, el PIRMI sería desincentivador. Ah, por cierto, se me olvidaba... Uno de cada cuatro beneficiarios del PIRMI ¡todavía no ha recibido el cheque! Entre estos, la viuda de marras. Desincentivador... ¡Hay que ser cínico o imbécil para esgrimir semejante argumento! Por cierto, es un caso real.

Dejando a un lado el dictamen del CTESC, sobre el que podría hablarse mucho y que no dice nada bueno de la reforma, están los trabajadores sociales y las organizaciones que trabajan con los pobres, ya sean Cáritas, por ejemplo, o los asistentes sociales de cada municipio. Su cabreo es mayúsculo, pues el mensaje que está propagando el Gobierno es que los asistentes sociales no llevaban el control del PIRMI y que por su culpa hay una bolsa de fraude del tamaño del Everest. Si vieran las condiciones de trabajo de los asistentes sociales, y la falta de medios a la que se enfrentan, y luego leyeran con qué desparpajo, cinismo y alevosía se les acusa de tener la culpa de no hacer bien su trabajo... A esto se le llama hacer amigos.

Lo peor del caso es que han desatado una crisis en los sistemas asistenciales que se arrastrará durante meses, y que tendrá un coste (calculan los asistentes sociales) de 50 millones de euros, así, porque los que mandan se creen tan buenos que montan la de Dios es Cristo y luego echan la culpa a los funcionarios... y a los inmigrantes.

En efecto, se trata de echarle las culpas a otro. El muñeco del pim-pam-pum es el inmigrante, cuando no hay funcionarios cerca. Ayer dieron señales de vida los dos consejeros responsables del desaguisado, Mena y Cleries, y se aplicaron con frenesí a esta estrategia de despiste.

El señor Cleries, de Bienestar y Familia, ha pedido disculpas por las molestias causadas (sic). Se opuso a la Ley de Dependencia (hay que recordarlo), pero tiene experiencia en el campo de la asistencia social. Quiero creer que, en el fondo, sospecha que algo ha salido mal. Pero muerto antes que reconocer que se ha equivocado.

En cambio, el que merece que le laven la boca con jabón es el señor Mena, de Empresa y Ocupación, que aparte de peinarse y teñirse el pelo de tal modo que parece que lleve boina, ha demostrado tener una categoría moral... Mejor dicho, ha demostrado no tenerla.

En una entrevista en Catalunya Ràdio (la voz de su amo), el señor Mena se ha puesto las botas. De entrada, como siempre, la culpa la tiene el anterior gobierno. Coincido con el señor Mena en que el anterior gobierno no era, precisamente, el mejor de los gobiernos. Pero, visto lo visto, el gobierno del señor Mena está opositando para superarlo en desgracias. Cargando contra sus adversarios, el señor Mena utiliza como proyectiles a los trabajadores sociales... de otro departamento, Bienestar y Familia. Dice que no hacen su trabajo, que no hacen seguimiento del fraude, que no pegan sello. Bonito.

También culpa a los inmigrantes, ¡cómo no los iba a culpar! Dice que hay 9.000 marroquíes que viven en Marruecos y cobran la RMI que da la Generalidad de Cataluña. ¿Cuántos ha dicho? ¿Nueve mil? Recuerdo que el total de beneficiarios son 34.000. Yo no me creo que sean tantos, pero será mejor escuchar lo que dicen los expertos, y éstos comparten mi opinión. Ni Cáritas ni nadie cree que semejante cifra sea posible, lean los periódicos. Si fuera cierto, además, es muy fácil descubrir a los culpables. Por lo tanto, si quieren castigar a los farsantes, pueden castigarlos sólo a ellos. Entonces ¿por qué castigar a todos? Bah, son pobres.

Los cursos del formación del PIRMI (que dependen del señor Mena) están dotados de presupuesto... pero no se imparten. Ahora mismo, no hay cursos suficientes para cubrir las necesidades del PIRMI, y el Departamento de Empresa y Ocupación, sencillamente, mira hacia otro lado. Si no dan estos cursos, podrán justificar un ahorro, aunque paguen los de siempre, los pobres. Pero el señor Mena acusó a los pobres de vivir como reyes, pues muchos (sic) cobraban más que trabajando, y por eso les está bien embolsarse las ayudas y vivir del cuento.

El caso del PIRMI en Cataluña provoca calenturas y cabreos. En cualquier otra parte del mundo, ya no digo en un país civilizado, el gobierno no se va de rositas después de haber mostrado sus habilidades en la gestión de lo social. En cualquier otra parte del mundo, digo, ruedan cabezas. Pero aquí no dimite nadie. Es más, se vanaglorian de meter mano en uno de los logros del Estado del Bienestar, en el que no creen, que no desean, que quisieran ver desaparecido. Se impone una política neoliberal neoconservadora radical: un adelgazamiento del Estado, una supresión de servicios públicos, una desregularización a gran escala... Además, la imponen personas mediocres, en todos los sentidos, incluído el moral.

Y lo más irritante es ver cómo aplaude el público.