«[...] Previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales. [...] Es una situación de verdadera alarma social. [...] La situación de impago provoca rápidamente y de hecho una agresión a la persona, ya que la mayoría de los centros son pequeñas empresas con rotaciones muy ajustadas y la ruptura de su círculo económico tiene como resultado una transgresión y disfunción del plan asistencial. [...] Es una situación crítica para familias y ancianos, especialmente para los que tienen una alta dependencia, ya que les imposibilita para una atención mínimamente digna en sus hogares. [...] Notificamos a la Fiscalía la real situación de impago, para que actúe en defensa de los residentes desamparados. [...]»
Son fragmentos de la denuncia de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD) ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por el impago de la Generalidad de Cataluña correspondiente al mes de julio de los conciertos de las plazas asistenciales de ancianos, discapacitados y drogodependientes, que imposibilita garantizar los derechos establecidos en la ley de Servicios Sociales de Cataluña y del decreto 284/1996 que regula el sistema catalán de asistencia social.
Puedo estar o no estar de acuerdo con el gobierno o con sus líderes, con lo que dicen o hacen, pero tengo que respetar ideas que no son las mías y las decisiones que implican. Ésas son las reglas del juego. Ahora bien, cuando el Gobierno de los Mejores utiliza a los más pobres e indefensos de nuestra sociedad como mecanismo de propaganda ideológica y extorsión, siento vergüenza. Una vergüenza profunda, visceral, que se lleva por delante el respeto debido a una institución y pone delante mío la naturaleza canalla de las personas que, con nombres y apellidos, son responsables de tanta miseria moral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario