Detrás de la caducidad

Consumir preferentemente antes de la fecha de caducidad.

La ley española (y europea) obliga a datar la caducidad de determinados productos. No muchos, contrariamente a lo que se cree. El fabricante establecerá cuándo caduca su producto, justificando tal fecha de manera suficiente y será responsable de ella. Sólo en poquísimos casos, realmente pocos, es el Estado el que dice cuándo caduca tal o cual cosa.

Aparte, en la mayor parte de los casos, lo que usted supone fecha de caducidad es en verdad fecha de consumo preferente. Es decir, que el fabricante prefiere que usted consuma tal producto antes de tal fecha, porque después el producto podría arruinarse y dejar un mal sabor de boca (nunca mejor dicho).

Excepto en esas muy contadas ocasiones, la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente las escoge la empresa que fabrica el producto, después de analizar su llamada vida útil y otros factores tanto sanitarios como comerciales (queda muy feo vender un producto que se estropea a ojos vista o que puede hacerle daño).

Entre los pocos productos que llevaban fecha de caducidad obligatoria y regulada por la Administración Pública estaban los yogures. Los yogures caducaban por ley a los veintiocho días de ser elaborados. Ahora, desde el 29 de marzo, mejor dicho, se deroga la caducidad obligatoria de los yogures y éstos pasarán a tener una fecha de consumo preferente.

A decir del ministerio que dirige el ínclito y posiblemente intoxicado señor Cañete (que reconoce alimentarse de productos lácteos caducados), los procesos de fabricación permiten alargar la vida útil de un yogur más allá de un mes. Consideran que la fecha de caducidad de los yogures no tenía sentido y la han suprimido.

El señor Cañete se alimenta de productos lácteos caducados y todavía no ha dimitido.

Curiosamente, se opone a la desregularización de la caducidad de los yogures la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL). Pertenece a FENIL la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos, los que más entienden de yogures de España (en teoría) y éstos, los fabricantes de yogures, creen más oportuno (sic) mantener la fecha de caducidad. Proponen, eso sí, que sea de treinta y cinco días y no de veintiocho, como ahora.

Así podrán vender sus yogures más lejos, o vender cantidades más grandes, que podrán esperar más días en un almacén. Pero está bien que se mantenga la caducidad, no vengan los franceses a España a vender yogures que en vez de caducar tienen fecha de consumo preferente. La seguridad alimentaria está en un segundo plano de esta polémica, como pueden observar.

Justifican que se mantenga la fecha de caducidad (aunque alargándola) echándole la culpa a los elementos. Hablan del clima hispano, contrario a la conservación de los yogures (sic). Con un clima como el nuestro, dicen, será mejor conservar la fecha de caducidad. Dan a entender con esta argucia que los yogures franco-alemanes no están hechos para el sur de Europa. Que se los coman ellos, vienen a decir.

No dicen, sin embargo, que una fecha de consumo preferente se impondría para poder poner más tiempo entre la elaboración y el consumo y eso (atención) obligaría a invertir más en las condiciones sanitarias de la distribución y venta de sus productos, a utilizar almacenes más grandes y cámaras frigoríficas más potentes, lo que supondría gastar más dinero por un producto que, dado que ya no caduca, se vendería más barato. Ay, ay, que ya no pinta tan bonito.

Todavía no está todo dicho. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estudiará la nueva norma, por si acaso fuera necesario modificarla.

El caso del yogur no será el último caso de la polémica del despilfarro alimenticio, que es una falsa polémica. No tiene nada que ver con las buenas intenciones de acabar con el hambre en el mundo, no, no, qué va. Tampoco se pretende proteger a los consumidores.

Lo que se pretende es afrontar el gran problema de la sobreproducción subvencionada de la agricultura europea, que nos cuesta muchos millones de euros al año. Nadie sabe cómo conseguir que la agricultura en Europa vuelva a ser rentable sin ayudas públicas. Además, quiere darse un respiro a las empresas alimentarias, que se encuentran con un mercado sobresaturado de oferta y quieren poder acumular existencias prolongando la vida útil de los productos que ponen a la venta. La gestión de las existencias podría favorecer la centralización de la producción, el cierre de fábricas y almacenes, ahorros en los costes de distribución y una rebaja salarial (o cobráis menos, o os vais todos a la calle).

Protesta de los agricultores contra la importación de productos que no sean los que ellos cultivan y pagamos todos.

En el fondo, la política europea promueve los productos de proximidad (europeos y subvencionados) para evitar que entren en nuestras cocinas productos de países terceros (que no son europeos ni están subvencionados). Ergo, con la excusa (falsa) de la ecología (mal entendida), los ricos promueven el más descarado proteccionismo y dificultan el progreso de las economías agrícolas de los países más pobres y menos desarrollados, que dependen de nuestro consumo para subsistir.

También se fomentan los sistemas para la conservación de alimentos, porque de alguna manera hay que conservar el excedente agrícola europeo, reducir la cantidad de alimentos en circulación (guardándolos en algún sitio) y mantener los precios de la comida lo suficientemente altos como para no arruinar a los campesinos franceses, españoles, alemanes o italianos. Si los alimentos no se pueden conservar durante más tiempo, pues que no caduquen, y ya está.