El fraude masivo o qué ha sido de los pobres pobres

Este verano hemos contemplado con estupor, con horror y con creciente malhumor la gestión de las ayudas públicas a los más necesitados. Más concretamente, hemos visto cómo se ha manipulado el asunto de la renta mínima de inserción (RMI). Les recordaré que esa renta sumaba, de media, 420 euros al mes por beneficiario.

Con hijos o personas a cargo del beneficiario, podía llegar a sumar más que el salario mínimo interprofesional (alrededor de 640 euros al mes). Así, por ejemplo, una mujer sola con siete hijos podría recibir 900 euros. Es un caso extremo, pero se dan alrededor de quinientos casos parecidos, que suman una RMI superior al salario mínimo interprofesional. Repito: quinientos casos, no más, lo que subraya su excepcionalidad.

En total, hablamos de poco más de 32.000 personas que reciben la RMI. La estadística nos dice que de cada uno de estos beneficiarios dependen tres personas y media. En total, 110.000 catalanes dependen de la RMI para subsistir, literalmente.

Y han sido éstos, los pobres pobres, los más perjudicados por un ataque de soberbia del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por una demostración de fuerza, del cuidado, cuidado, que estoy con el ojo avizor, del mira quién la tiene más grande. Pero ¿en qué ha acabado todo esto? Parece que ha sido flor de cáctus, aire de verano, un visto y no visto. Ya nadie habla de este asunto, ni siquiera la oposición, aunque convendría saber qué ha sido de él.

De entrada, los protagonistas del despropósito siguen ahí, ejerciendo el cargo. Ellos tuvieron la genial idea de pagar en el mes de agosto con un talón nominativo enviado por correo certificado. Les recuerdo que la RMI se pagaba por transferencia bancaria. El presidente Mas ratificó y aprobó el nuevo procedimiento, con la promesa de poner al descubierto la mala gestión del Tripartito.

Aquí comienzan los problemas. Se empleó un listado que no había sido actualizado... porque nadie preguntó cuál era el listado bueno. Los dos departamentos implicados dieron sobradas muestras de no hablarse entre sí. La mitad (la mitad, se dice pronto) de los beneficiarios no recibieron el cheque la primera vez. Tuvo que volverse a enviar. Se creó una considerable alarma social, porque los que sí que recibieron el cheque, lo recibieron con más de una semana de retraso. A mitad de septiembre, más de seis mil beneficiarios ¡todavía no habían recibido el cheque con la RMI de agosto! A la chita callando, para evitar la imagen de los pobres haciendo cola delante del Departamento de Bienestar y Familia, ha vuelto el sistema de domiciliación bancaria.

Pero los responsables del desaguisado, pillados en falta, insisten. Ésos que se quedaron sin ayuda volverán a recibir el cheque por correo... si lo reciben. El Gobierno dice ahora que es para verificar que el domicilio que consta en la base de datos es el correcto. Se me ocurren maneras menos traumáticas de comprobarlo. Y mucho más baratas. Porque el sistema del cheque nos ha costado a todos más de un millón y medio de euros, ¿lo sabían?

Uno sospecha que la maniobra prosigue con la intención de reducir drásticamente el número de beneficiarios de la RMI. Con esta excusa del cheque, dejan fuera a uno de cada cinco beneficiarios, cuando las solicitudes para acogerse a la RMI, por razón de la crisis, se han casi doblado en dos años. A decir del Gobierno, la mejor ayuda social es la que no existe.

Es más, el Departamento de Empresa y Ocupación (responsable, el honorable señor Mena, y lo de honorable va por el cargo, no por otra cosa) ha acusado a los trabajadores sociales del Departamento de Bienestar y Familia (responsable, el honorable señor Cleries, lo mismo en cuanto a la honorabilidad), a los trabajadores sociales de los ayuntamientos y a toda la colección de trabajadores sociales de los sindicatos, de Cáritas, etcétera, a todos, decía, de tolerar, incluso promover, un fraude masivo en la percepción de la RMI. Repito, un fraude masivo.

Lejos de pedir perdón por insultar a los funcionarios y trabajadores de un departamento del Gobierno que no es el suyo, el señor Mena (dejemos lo de honorable para otra ocasión) ha contratado mediante una empresa de trabajo temporal a unas cuantas docenas de trabajadores para que encuesten a los beneficiarios de la RMI. Se trataba de someterlos a varias preguntas simples, con la intención de detectar ese fraude masivo.

Varias cosas. Primera, ése, precisamente ése, es el trabajo de los funcionarios del departamento vecino. El señor Mena está haciendo amigos, manifestando públicamente que no se fía un pelo del trabajo del departamento del señor Cleries. El señor Cleries se deja ningunear y aceptará el veredicto de unos trabajadores temporales que no tendrán ni la preparación ni la experiencia ni el conocimiento de causa que tendrán sus propios asistentes sociales. ¿Qué pensarían ustedes de los señores Mena y Cleries si fueran funcionarios de Bienestar y Familia?

Nadie sabe cuánto ha costado al Gobierno tan mala gestión del caso. En primer lugar, porque el Gobierno se negó a dar cifras a los señores diputados en el Parlamento. Olé, mis güevos... ¡Así queda la cosa! En segundo lugar, porque nadie ha querido calcularlo y porque sospecho que no sabrían cómo hacerlo.

Se estima que el envío de cheques por correo certificado y el caos resultante suma un millón y medio de euros de gasto, ya lo he dicho. Pero ¿cuánto supone la contratación de trabajadores temporales y la revisión de más de veinte mil expedientes?

Nadie contabiliza el coste que ha supuesto todo esto para los beneficiarios del RMI. Pero será notable. De entrada, el Gobierno dice que no pagará nunca una RMI más alta que el salario mínimo interprofesional. La señora con siete hijos pasará de cobrar 900 euros al mes a cobrar 640. La excusa, que sería una renta con carácter desincentivador... Pero se trataba de apenas quinientos casos de desincentivación. Es una bravata para ser cantada delante de los micrófonos, para publicitar el rigor y la prestancia de nuestros líderes patrios, pero que no ahorrará prácticamente nada y que hará mucho daño a quinientas personas y a la familia que depende de ellas. Todo por salir en televisión. Es obsceno.

Otra medida. Nadie cobrará que no haya pasado dos años censado en Cataluña. Problema: si una persona de Teruel busca trabajo en Cataluña, ¿no podrá beneficiarse de una ayuda de la que sí se puede beneficiar en el resto de España? Si esta norma se aplicase en el resto de España (es cuestión de tiempo, ya verán como se aplicará), ¿no estaríamos condenando a los pobres a quedarse donde están en vez de buscar una salida a su miseria en un lugar con más oportunidades? ¿No hablamos tanto de la movilidad de los trabajadores?

La RMI se administra en cada Comunidad Autónoma, pero se aplica en toda España. ¿Por qué, entonces, esos dos años de censo? Porque el Gobierno busca culpables, y nada como afirmar que la culpa del fraude masivo es de los inmigrantes (y de los funcionarios).

Ya lo dijo el señor Mena, hablando de seis mil marroquíes (¡seis mil!) que enviaban el dinero a casa o pagaban el teléfono móvil y el Canal Plus, pero ¿la gente no puede hacer con su dinero lo que le venga en gana? ¿Y cómo supo qué hacían con su dinero? ¿Quebraron los bancos el compromiso de confidencialidad de sus clientes? O más posiblemente, ¿se inventó el caso el señor Mena? En cualquier caso, qué irresponsabilidad, ¿no les parece?

Por último, veamos cuáles son las cifras del fraude masivo. Se conocen de casualidad, y no aparecen en la prensa, o no demasiado, cuando tendrían que ocupar una portada, seguida de una editorial donde podría pedirse la dimisión de Enric Colet, por su inefable desprecio por los pobres, y de uno o dos consejeros, ya mencionados, por su mal hacer y falta de honorabilidad. Eso, en un país civilizado, o con un poco, un poquito de vergüenza. Pero ¿qué hace la prensa?

Porque después de tanto cuento, se han detectado noventa (90) casos de posible fraude en la percepción de la RMI. Repito, posible. Y repito, noventa. Noventa entre treinta y dos mil. Estos casos, a decir de los expertos, se habrían detectado sin ningún problema en el curso del trabajo rutinario de los trabajadores sociales. De hecho, no es una cifra excepcional. Así que... ¡un fraude masivo! ¿Masivo? ¿Sólo masivo? ¡Monumental! Tremebundo.

Siendo muy optimistas, nos hemos gastado cinco euros en un mes para descubrir cada euro que se ha pagado de forma posiblemente fraudulenta durante el último año. De paso, hemos jodido la vida de miles de personas, las que más necesitan nuestra ayuda, las que forman el poso de nuestra sociedad, esas personas que alguien definió como invisibles.

Eso sí, el Gobierno se ha marcado un punto. ¡Qué bien gestionamos! ¡Qué duros que somos contra los inmigrantes y los funcionarios! ¡Cómo combatimos el fraude!

Y yo digo: ¡ojalá combatieran con tanto denuedo el fraude fiscal de las grandes fortunas catalanas! ¡Ojalá mostraran el mismo celo con los Carulla, los Prenafeta, los Millet, los...! ¿A que no hay cojones, y perdonen ustedes? ¿Sólo se atreven con los pobres? Patético.

¿Quieren un fraude masivo? Venga.

Se estima que el fraude fiscal en Cataluña supera los 16.000 millones de euros, que equivalen a una vez y media el coste de la Seguridad Social catalana antes de los recortes, al 40% del presupuesto de la Generalidad de Cataluña o al 50% de su deuda pública. No está mal, ¿verdad? ¿Y nadie hace nada?