Ayer se redujo a la mitad el tráfico de internet en España. Fue la consecuencia de una protesta inusual. Los sitios dedicados a la descarga de archivos (música, películas, videojuegos o programas) o las dedicadas al streaming (es decir, a ver u oír archivos en línea) amanecieron con una pantalla en negro y este manifiesto en ella:
Si se aprueba la ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la ley Sinde. No al cierre de webs.
Ahí queda eso. Estas páginas suman el 70% del tráfico de internet en España.
La ley Sinde viene de Ángeles González Sinde, la ministra de Cultura. Esta ley no es tal, sino que se esconde en la Ley de Economía Sostenible (vaya palabreja) que se está tramitando estos días, y se pretende que la ley Sinde no sea discutida en el Congreso de los Diputados. Se quiere aprobar en bloque, toda ella de una vez y andando, con el beneplácito de las minorías que apoyan al Gobierno. Apoyarían la moción el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y seguramente Convergència i Unió, a cambio de esto y aquello.
¿Qué tiene de malo esta ley? Algo malísimo, y muy simple. El cierre de un sitio web no lo determinaría el poder judicial, sino el poder ejecutivo.
Se crearía una Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, formada por funcionarios y por representantes de las sociedades de salvaguarda de derechos de autor (SGAE, por ejemplo). La única finalidad de esta comisión sería ejecutar un articulado de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Es decir, en cristiano, que esta comisión tendría la potestad de secuestrar o restringir un sitio web si cree que éste afecta a los derechos y libertades de expresión e información y demás. Los demás son, efectivamente, los derechos de propiedad intelectual.
Sé que el tema de los derechos de autor es peliagudo y no es fácil que la gente comprenda que el trabajo intelectual también merece una remuneración, pero aquí no hablamos de derechos de autor, sino de la habilitación de un órgano de censura.
Porque, repito, esta restricción de un sitio web no la dictaminaría un juez, sino un órgano ejecutivo del Gobierno. Formarían parte de ese órgano ejecutivo funcionarios y representantes de determinados intereses privados (gestores de derechos de la propiedad intelectual). La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional debería tramitar las denuncias de la comisión en un plazo de cuatro días, por si acaso, pero el mal ya estaría hecho.
Recordemos que la Circular 1/2006 de la Fiscalía del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 (uf) dice que el tipo básico del delito contra la propiedad intelectual, es la exigencia de obrar con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, lo que excluye el derecho a la copia privada y su descarga a través de internet. La ley Sinde pretende, precisamente, cerrar los sitios web donde se intercambian copias privadas.
Para echar más leña al fuego, Güiquilics ha hecho públicas las presiones del Gobierno de EE.UU. sobre el Gobierno de España para que acogote un poco más a los internautas españoles (aunque ya se sabía de antes, la verdad), y eso ha sentado muy mal. Se han multiplicado las iniciativas en contra de la ministra y su ley. Se ha publicado la Lista de Sinde, se han enviado más de 400.000 correos electrónicos a los señores diputados (que no saben qué hacer para borrar tanta protesta), etcétera.
Veremos a ver qué pasa.
Si se aprueba la ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la ley Sinde. No al cierre de webs.
Ahí queda eso. Estas páginas suman el 70% del tráfico de internet en España.
La ley Sinde viene de Ángeles González Sinde, la ministra de Cultura. Esta ley no es tal, sino que se esconde en la Ley de Economía Sostenible (vaya palabreja) que se está tramitando estos días, y se pretende que la ley Sinde no sea discutida en el Congreso de los Diputados. Se quiere aprobar en bloque, toda ella de una vez y andando, con el beneplácito de las minorías que apoyan al Gobierno. Apoyarían la moción el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y seguramente Convergència i Unió, a cambio de esto y aquello.
¿Qué tiene de malo esta ley? Algo malísimo, y muy simple. El cierre de un sitio web no lo determinaría el poder judicial, sino el poder ejecutivo.
Se crearía una Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, formada por funcionarios y por representantes de las sociedades de salvaguarda de derechos de autor (SGAE, por ejemplo). La única finalidad de esta comisión sería ejecutar un articulado de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Es decir, en cristiano, que esta comisión tendría la potestad de secuestrar o restringir un sitio web si cree que éste afecta a los derechos y libertades de expresión e información y demás. Los demás son, efectivamente, los derechos de propiedad intelectual.
Sé que el tema de los derechos de autor es peliagudo y no es fácil que la gente comprenda que el trabajo intelectual también merece una remuneración, pero aquí no hablamos de derechos de autor, sino de la habilitación de un órgano de censura.
Porque, repito, esta restricción de un sitio web no la dictaminaría un juez, sino un órgano ejecutivo del Gobierno. Formarían parte de ese órgano ejecutivo funcionarios y representantes de determinados intereses privados (gestores de derechos de la propiedad intelectual). La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional debería tramitar las denuncias de la comisión en un plazo de cuatro días, por si acaso, pero el mal ya estaría hecho.
Recordemos que la Circular 1/2006 de la Fiscalía del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 (uf) dice que el tipo básico del delito contra la propiedad intelectual, es la exigencia de obrar con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, lo que excluye el derecho a la copia privada y su descarga a través de internet. La ley Sinde pretende, precisamente, cerrar los sitios web donde se intercambian copias privadas.
Para echar más leña al fuego, Güiquilics ha hecho públicas las presiones del Gobierno de EE.UU. sobre el Gobierno de España para que acogote un poco más a los internautas españoles (aunque ya se sabía de antes, la verdad), y eso ha sentado muy mal. Se han multiplicado las iniciativas en contra de la ministra y su ley. Se ha publicado la Lista de Sinde, se han enviado más de 400.000 correos electrónicos a los señores diputados (que no saben qué hacer para borrar tanta protesta), etcétera.
Veremos a ver qué pasa.
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