Si usted forma parte del Gobierno de la Generalidad de Cataluña o quiere quedar bien con él, si pertenece a la inteligentsia, si prentende parecer informado, si vive del cuento, si cree lo que le dicen, si hace ver que se lo cree, lo crea o no, si participa en una tertulia radiofónica o televisiva del Grupo Godó, por poner un ejemplo, etcétera, tiene que responder que sí, que la culpa la tiene Madrid, sea la que sea. La culpa es (siempre) de Madrid.
Está mal visto sostener lo contrario. Oficialmente, sostener lo contrario es mentir o, como dice un político muy famoso, sostener una posición incierta, por no cierta (sic). Otra respuesta oficialmente sostenida es que negarle las culpas a Madrid es presentarse en público como un tonto que no sabe de qué habla. Tal dijo ayer, con esas mismas palabras, el señor de la foto.
Pues ¿saben qué? Hoy mentiré interesadamente y pasaré por tonto.
Habrán oído hablar de los 759 millones de euros que Madrid no paga. Madrid, es decir, el Gobierno de España. ¿Qué millones son esos? ¿De dónde salen? Gran parte de los quejicas no lo sabe, pero allá voy, para ilustración del personal.
Esos 759 millones de euros salen del Estatuto de Autonomía de Cataluña, una Ley Orgánica del Estado, que en su Disposición Adicional Tercera dice, copio:
La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas.
Vale, bien, ahora lo explicaremos.
En primer lugar, una precisión: la Disposición Adicional Tercera no es de obligado cumplimiento. Así, tal cual. Su aplicación dependerá de los Presupuestos del Estado.
Si el Estado está apretándose el cinturón y no hay ningún acuerdo firmado con la Generalidad de Cataluña para financiar tal o cual proyecto de infraestructuras, nadie puede obligar a nadie a invertir, y éste es el caso, nos guste o no. Naturalmente, lo mejor es que invierta el Estado, ¡qué más quisiéramos!, pero no inverte en infraestructuras ni aquí ni en ninguna otra parte. No tenemos por qué ser más bonitos que los demás.
La Generalidad de Cataluña se ha mostrado negligente, confiando en que esos millones vendrían solos, sin necesidad de poner nada por escrito, confiando en que pagarían obras iniciadas en 2008, ya sea por su cara bonita o ya sea por la necesidad del Gobierno de España de pactar la aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado, donde apretarían las tuercas. Fallo garrafal, ¡fallo enorme! ¡Se han dejado engañar de nuevo! ¡Han vuelto a picar, los muy tontos! Los presupuestos se dejaron para quien venga después de las elecciones y nos encontramos a final de año compuestos y sin novia. ¡Bravo por nuestros preclaros líderes!
El Gobierno de España, asediado por los tipos de interés y las elecciones generales, no otorgó ninguna prioridad a este asunto, ni ganas. Es más, que no hubiera prisas en llegar al acuerdo formal le vino de perlas para ahorrar 759 millones y reducir el déficit del Estado. Estaba en su derecho. Si los de Barcelona no tienen prisas, yo, menos. Allá se apañen los que vengan con los catalanes y adiós, muy buenas.
Lo grave de este asunto es la mentira que lo rodea. Argumentar que Madrid no paga, que Madrid nos engaña, que Madrid nos roba, etcétera, es una excusa lamentable, burda, para justificar la suspensión de pagos de la Generalidad de Cataluña a final de año.
Observen el detalle: la Disposición Adicional Tercera de marras no se refiere a la financiación de la Generalidad de Cataluña, sino a las inversiones del Gobierno de España en Cataluña, cosa muy diferente. Estas inversiones no repercuten en el déficit de caja de la Generalidad de Cataluña, no suman ni restan. Asociar esta cantidad de millones al impago de facturas o salarios es una trampa, una mentira consciente de la que se ha hecho mucha publicidad, una mentira repetida una y otra vez por ver si, a fuerza de repetirla, pasa por hecho cierto. No importa que sea verdad, sino que la gente crea que lo es. La culpa es (siempre) de Madrid.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Saben por qué la Generalidad de Cataluña se declara en suspensión de pagos? Porque hay una mala gestión de la Tesorería de la Generalidad de Cataluña. Punto. Una pura, dura y simple mala gestión del Departamento de Economía y Finanzas, que no sabe lo que tiene entre manos, o parece que no lo sabe. Ha calculado mal lo que entra y lo que sale y... Ay, no nos llega. ¿Qué hacemos?
Ya verán, no dimitirá ni su madre.
Si todo fuera esto... La magnitud de la tragedia es mucho mayor, provocada por unos gestores tripartitos nefastos y ahora mismo, por unos gestores neoliberales de pacotilla que, en gestión nefanda, hacen números para igualar o superar a sus antecesores.
En los próximos cuatro años, la Generalidad de Cataluña tiene que retornar cada año 623 millones de euros por los anticipos cobrados en 2008 y 2009, su parte del IRPF, IVA y demás impuestos. Como Madrid regalaba el dinero a espuertas, venga, que sobra, y la Generalidad de Cataluña obró sin precaución alguna, sin prestar atención a las consecuencias de la crisis económica, nos gastamos más de lo que nos podíamos gastar... y hay que devolver lo que nos gastamos de más. En 2008, recibimos 552 millones de euros de más; en 2009, 1.940 millones. El Gobierno de España nos facilita el pago en cuatro anualidades de 623 millones de euros.
Cataluña es la Comunidad Autónoma que más deuda acumulada tiene, más de 33.000 millones de euros, y la segunda Comunidad Autónoma en deuda por habitante, detrás de Valencia. Esta deuda no tiene nada que ver con el déficit fiscal (sea lo que sea eso), pues las comunidades que tienen mayor déficit fiscal que Cataluña tienen todas una deuda por habitante muchísimo menor. La mitad o menos de la mitad, pongamos por caso. Es, repito, una mala gestión que lleva arrastrándose lustros. Véase, por ejemplo, la Agencia Catalana del Agua o TV3. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
La deuda, como siempre, afecta a los que menos tienen. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que la Generalidad de Cataluña debe a los autónomos 2.708 millones de euros, y que, de media, tardan más de seis meses en cobrar los trabajos que realizan para ella... cuando cobran.
De los funcionarios, mejor no hablar. Madrid queda lejos y los funcionarios, que están más a mano, también son unos culpables ideales. ¡A por ellos, que son pocos y cobardes!
Se podría escribir con mayúsculas - una horterada, por cierto -, pero no más claro.
ResponderEliminarEstamos totalmente de acuerdo, ya lo sabes.
Precisamente ayer echando unas cañas con un amigo bombero hablabamos sobre este tema. En realidad la gente de a pie estamos engañadisimos, por la prensa y la televisión manipuladora! Gracias por tus aclaraciones.
ResponderEliminar