Banca Catalana - El descalabro

Finalmente, en 1980, los inspectores del Banco de España pudieron examinar las cuentas de Banca Catalana y se llevaron las manos a la cabeza. Créditos fallidos, empresas ficticias... En 1981, el Banco de España prohibió el reparto de dividendos del Banco Industrial de Cataluña (de Banca Catalana) porque las empresas participadas por el banco tenían todas pérdidas. Ahora era público que Banca Catalana tenía problemas.

En 1982, el Banco de España calculó que se necesitaban 1.770 millones de euros para sanear las cuentas de Banca Catalana y solicitó una intervención. Podría venderse Banca Catalana a un banco extranjero, permitir que las cajas de ahorro comprasen parte del banco o acudir al Fondo de Garantías. Pero el gobierno de UCD, en las últimas, no quería arriesgarse a provocar a Jordi Pujol. Éste aprovecharía el asunto para agitarlo políticamente a pocos días de las elecciones.

Poco después, estalló el pánico.

El 11 de junio, corrió el rumor de que una entidad financiera catalana se declararía en suspensión de pagos. En un mes, los clientes de Banca Catalana retiraron 580 millones de euros de sus ahorros, por miedo a perderlos. En un intento de apaciguar los ánimos, Narcís Serra, alcalde de Barcelona (PSC), trasladó todas las cuentas del consistorio a Banca Catalana.

Se forzó un cambio del Consejo de Administración. Una auditoría interna (Price Waterhouse) descubrió que el banco perdía más de 450 millones de euros al año y que tenía un agujero patrimonial de 2.926 millones de euros. El presidente del Banco de España convocó a Miquel Roca (jefe del grupo parlamentario de CiU) y a Trias Fargas (el conseller de Economía de la Generalidad) para tratar el caso. Roca y Trias negaron credibilidad a la auditoría y dijeron que una intervención del Banco de España sería contraria a los intereses del sistema financiero catalán. Volvió a detenerse la intervención.

Días después, Banca Catalana solicitó al Banco de España un préstamo por 2.250 millones para evitar la quiebra.

Felipe González (PSOE), recién presidente del Gobierno de España, siguió presionando al Banco de España para que no interviniera, aunque todos los expertos solicitaban una actuación urgente. El argumento de González era que esa intervención podría considerarse como una acción contra Jordi Pujol, que ya era presidente de la Generalidad de Cataluña. Jordi Pujol hacía tiempo que sostenía en público que él no había tenido nada que ver con el dislate y que todo era una comedia para mancillar su honor y el honor de Cataluña, que eran la misma y una cosa.

Pero el descalabro era tan grande que no pudo evitarse la intervención. Con la intervención, otro pánico. Con el parlamento disuelto y las elecciones convocadas, se retiraron 2.475 millones de euros de los fondos de Banca Catalana. Los clientes huían. Otra ampliación de capital no sirvió de nada. Las acciones se ofrecían a una milésima parte de su valor para ampliar el capital. Se habló de acciones patrióticas, pero no se consiguieron más de 11 millones de euros.

Los pequeños accionistas de Banca Catalana pidieron al banco que exigiera responsabilidades penales a los gestores que los habían llevado a la ruina, pero sólo contaron con el apoyo del 26% del capital del banco. Nadie se acusa a sí mismo.