Jordi Pujol supo darle la vuelta a la querella. Su partido convocó una manifestación para apoyarle. Fue el día de su investidura como presidente de la Generalidad. Miles de personas sitiaron el Parlamento de Cataluña. A los gritos de Mateu-los! Mateu-los! (¡Matadlos! ¡Matadlos!) y Botiflers! Botiflers! (¡Traidores! ¡Traidores!) la muchedumbre se encaró con los diputados del PSC, que tuvieron que abandonar el hemiciclo refugiados en el interior de automóviles de la policía, que fueron zarandeados y golpeados por la muchedumbre.
Es decir, el caso de los indignaos de hace unos meses no es ninguna novedad. Al contrario, es un episodio menor en comparación. Los manifestantes contra el juicio del caso Banca Catalana sumaron treinta veces más personas que los indignaos y además profirieron amenazas de muerte... sólo contra los diputados del PSC.
Luego, los manifestantes marcharon del parque de la Ciudadela (donde el Parlamento de Cataluña) a la plaza de Sant Jaume (donde el Palacio de la Generalidad), profiriendo eslóganes patrióticos.
Pujol se asomó al balcón del palacio, para hacer historia. Si Companys había declarado el Estado Catalán dentro de una República Federal Española y Tarradellas había anunciado que ya estaba aquí, de vuelta, Pujol exclamó, con muy mala leche, que el Gobierno (de España) nos ha hecho una jugada indigna. Acompañado en el balcón por Prenafeta (su sombra) y Cullell (conseller de Economía), vivió su momento más populista.
Pese a tantos esfuerzos, Pujol no se libró de declarar. En octubre de 1984, delante del magistrado Ignacio de Lecea, en la Casa dels Canonges (su residencia oficial). Estuvieron también los fiscales Jiménez Villarejo y Mena, y los abogados defensores de Pujol, Joan Piqué Vidal y Juan Córdoba Roba. Quizá les suene algún apellido.
Tras su declaración, los fiscales se cargaron de argumentos para mantener la acusación contra Pujol.
El caso de trapicheo financiero se había convertido en una pesadilla política. En 1986, el Tribunal Supremo se sacó el marrón de encima diciendo que la Audiencia de Barcelona era competente para juzgar el caso. La Audiencia de Barcelona, ipso facto, decidió que no había lugar para procesar al señor Pujol. El resto de los acusados (24) continuaron acusados hasta que el caso fue sobreseído definitivamente en 1990. Qué raro que sólo Jordi Pujol...
La Audiencia de Barcelona resumió el asunto diciendo que la gestión de Banca Catalana había sido (cito) imprudente e incluso desastrosa, pero que no había pruebas suficientes como para considerarla un delito. Los magistrados también se sacaron un peso de encima.
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