Desde la intervención del Banco de España, la Fiscalía General del Estado actuó de oficio, como en todos estos casos. Pronto se supo que investigaba a los gestores de Banca Catalana por apropiación indebida, falsedad de documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Jordi Pujol ya aireaba por ahí que el asunto de Banca Catalana era una conjura contra Cataluña (es decir, contra él mismo) y tiraba del populismo más bestia. Su maniobra alertó a Felipe González, que se manifestó contrario a una demanda judicial porque perjudicaría gravemente a los intereses del PSC. Había elecciones al Parlamento de Cataluña, no podían darle munición al enemigo.
Con todo, CiU, liderada por Pujol, con el aura del mártir de la banca patriótica perseguido por los malvados fiscales españoles, consiguió el 48% de los votos en abril, contra el 33% del PSC. El debate sobre la mala gestión del banco se disolvió tras el ruido de los ataques contra la patria. Ésta es una costumbre muy arraigada en nuestro país, que supone la permanencia de muchos ladrones y sinvergüenzas en la proximidad del poder.
Por aquel entonces, Ledesma, el ministro de Justicia, habló con la Fiscalía y luego con Narcís Serra (PSC) y Miquel Roca (CiU), para tranquilizar los ánimos. No pasará nada, se archivarán las pesquisas y a otra cosa, mariposa. PSOE y CiU podrían pactar tranquilamente para gobernar España y Pujol podría echar tierra sobre su pasado.
Sin embargo, los fiscales tenían otra opinión. El 18 de mayo de 1984, los fiscales Mena y Jiménez Villarejo, encargados del caso, fueron reclamados por la Fiscalía General del Estado. La intención era cerrar el expediente, presionados por el Gobierno. Pero los fiscales de la Audiencia de Barcelona presentaron el caso y mostraron las pruebas. Sus argumentos fueron tan sólidos que Burón, fiscal general, Conde Pumpido, teniente fiscal jefe y otros dos altos funcionarios de la judicatura reconocieron que no tenían otro remedio que presentar una querella. Jordi Pujol y dos docenas de consejeros de Banca Catalana serían acusados formalmente. Así nació el caso Banca Catalana.
La noticia se filtró y al día siguiente se publicó en la portada de El País. A Felipe González se le indigestó el desayuno con la noticia. Narcís Serra y Fèlix Pons (PSC) pidieron que se castigara o expulsara a los fiscales, pero Burón, el fiscal general, amenazó con dimitir si se ponía en duda su actuación. El ministro Ledesma hizo lo que tenía que hacer, apoyar al Fiscal General del Estado; otra cosa hubiera sido prevaricar.
Como es normal, las reacciones en CiU fueron tremebundas. Miquel Roca acusó a Felipe González de estar detrás de la querella e impulsar una sucia maniobra de desprestigio. Jordi Pujol se enteró por la prensa de que querían procesarlo y estalló en un ataque de furia histórico, que todavía resuena en los pasillos del Palacio de la Generalidad.
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